Financiar energías renovables sin consentimiento está condenado al fracaso: lecciones de Asia Por Joan Carling, Directora Ejecutiva de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI)

Financiar energías renovables sin consentimiento está condenado al fracaso: lecciones de Asia Por Joan Carling, Directora Ejecutiva de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI)

Asia está experimentando un rápido auge en el desarrollo de energías renovables, impulsado por un flujo de inversiones sin precedentes en la región. Sin embargo, si repite el viejo modelo de acaparamiento de tierras y represión, no hará sino profundizar la injusticia en lugar de resolverla.  Dos iniciativas de energías renovables -una en Assam (India) y otra en Flores (Indonesia)- muestran lo que ocurre cuando los "proyectos verdes"  se imponen a los pueblos indígenas.
En Assam, el gobierno de la India y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) pretendían construir uno de los mayores parques solares de la región, respaldado por un préstamo de 434 millones de dólares. Sobre el papel, era un modelo de progreso. Sobre el terreno, amenazaba con desplazar a 24 aldeas y apoderarse de 2 400 hectáreas de tierra, incluidos bosques, granjas y tierras consuetudinarias de las comunidades indígenas karbi, naga y kachari, sin su consentimiento. Cuando estas comunidades alzaron la voz, se enfrentaron a intimidaciones. Sin embargo, se organizaron y movilizaron a miles de familias a través del Comité de Derechos de las Personas Afectadas por el Proyecto de Energía Solar de Karbi Anglong. Sus acciones colectivas obligaron al Ministerio de Finanzas indio a solicitar la retirada de la financiación, y en mayo de 2025 el BAD canceló el préstamo. Lo que parecía un gran proyecto "verde" se vino abajo porque ignoraba los derechos.

Photos: Floresa Kritis Independen

En la isla de Flores (Indonesia), una expansión geotérmica respaldada por Alemania se enfrenta ahora a una fuerte oposición similar. El proyecto Ulumbu, apoyado por KfW, el banco de desarrollo alemán, y la empresa estatal indonesia PLN, pretende cuadruplicar la generación de energía de 10 a 40 megavatios. Sin embargo, las comunidades indígenas de Poco Leok nunca dieron su consentimiento. Por el contrario, han sufrido intimidaciones, medidas de seguridad y violencia durante las protestas. Organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos les han apoyado, advirtiendo de la escasez de agua, la deforestación y el desastre ecológico.  En abril de 2025, ante la creciente presión, el gobernador de Nusa Tenggara Oriental anunció una revisión del desarrollo geotérmico en Flores. También se ha presentado una queja formal ante KfW, obligando al banco a suspender su financiación y a encargar una revisión independiente de la financiación del proyecto.

Estos dos casos ofrecen lecciones cruciales para gobiernos y financiadores. En primer lugar, las energías renovables no son inherentemente justas. Sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas, se convierte en otro acto discriminatorio, envuelto en promesas ecológicas pero que acarrea los mismos daños de siempre y está destinado a generar conflictos. En segundo lugar, la resistencia indígena debe tomarse en serio como una defensa legítima de los derechos y la supervivencia, y no descartarse como un obstáculo. En tercer lugar, las comunidades indígenas no se oponen a la energía limpia, sino a ser excluidas y violadas. Muchas comunidades indígenas proponen sus propias alternativas: energía solar descentralizada, minihidráulica, microrredes y otros sistemas que satisfacen las necesidades energéticas sin sacrificar la tierra, el agua, la biodiversidad, los medios de vida y la cultura.

Assam y Flores son advertencias para gobiernos e inversores. Para que los proyectos de energías renovables que afectan a los pueblos indígenas perduren, deben diseñarse conjuntamente con los pueblos indígenas desde el principio. El CLPI debe tratarse como una piedra angular del compromiso de buena fe con los pueblos indígenas. La crisis climática exige urgencia, pero la urgencia no puede justificar la coerción y la imposición . Las salvaguardias deben ir más allá de la palabrería y aplicarse adecuadamente. Del mismo modo, las inversiones deben orientarse hacia las iniciativas indígenas que ya existen y que ya están funcionando.

La crisis climática exige una acción audaz, pero la verdadera justicia climática significa construir un futuro en el que las soluciones no se impongan a las comunidades, sino que se diseñen con ellas.

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