Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) condena enérgicamente la criminalización y la violencia que actualmente sufren los pueblos indígenas en Odisha (India) bajo el pretexto de la conservación.
Los miembros de la comunidad Ho Adivasi de la aldea de Bakua, situada en la Reserva del Tigre de Similipal (STR), han sido objeto de ataques, especialmente contra las mujeres indígenas. Según los informes, los guardias forestales son los responsables de gran parte de la violencia.
Según la documentación de la Red Comunitaria contra las Áreas Protegidas (CNAPA), el 16 de junio de 2025, mujeres indígenas de Bakua fueron agredidas por guardias forestales mientras transportaban materiales para techar sus casas, una necesidad urgente antes de la llegada del monzón. Fueron detenidas injustamente, insultadas con comentarios sexistas, arrastradas, golpeadas y les rasgaron la ropa.
Cuando los indígenas protestaron por dicha violencia y por la construcción no autorizada de una puerta forestal —instalada sin el consentimiento del Gram Sabha, en violación de la Ley de Derechos Forestales (FRA) y la Ley de Panchayats (Extensión a las Áreas Programadas) (PESA)— se enfrentaron a una represión aún más intensa. La FRA y la PESA protegen los derechos de las comunidades indígenas a la tierra, los recursos y el autogobierno, incluido el derecho a rechazar proyectos de desarrollo externos.
En los días siguientes, funcionarios forestales y policiales impidieron el acceso a la zona a periodistas y defensores de los derechos humanos. Se lanzó una campaña de desprestigio contra los pobladores. El 21 de junio, una redada nocturna intentó llevar a cabo detenciones masivas y desalojos forzosos. La comunidad de Bakua, con unas 500 familias, vive ahora bajo amenaza y miedo constantes, enfrentándose a la intimidación del Estado.
Ahora, en una escalada profundamente alarmante, el Departamento Forestal ha presentado denuncias penales contra miembros de la comunidad bakua, incluidos quienes se han pronunciado contra la violencia. Las acusaciones incluyen allanamiento, agresión a funcionarios del Gobierno, «movimiento ilegal masivo para actividades delictivas» y destrucción de propiedad pública. Esto viola los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, y constituye claros actos de discriminación por parte del Estado.
No se trata de un caso aislado. Desde 1988, múltiples aldeas indígenas —entre ellas Kabataghai, Jamunagarh, Jenabil, Bakua, Khajuri, Upper Barhakamuda y Bahaghar— han sido desplazadas por la fuerza para proyectos de conservación y ecoturismo. Entre las comunidades afectadas se encuentran los ho, los kol, los santal, los bhumij y los grupos tribales especialmente vulnerables (PVTG), como los kharia y los mankirdia. Estos grupos dependen de productos forestales no madereros para su subsistencia.
El 24 de abril de 2025, el Gobierno de Odisha declaró Parque Nacional la Reserva de Tigres de Similipal, de 845 km². La Reserva de la Biosfera de Similipal, más amplia, abarca 4374 km², incluida una zona de amortiguación de 2129 km² clasificada como santuario de vida silvestre.
A pesar de las protecciones previstas en la Ley de Derechos Forestales (2006), la Ley PESA (1996) y las normas internacionales de derechos humanos, estas comunidades se enfrentan a acoso, denegación del acceso a lugares sagrados y despojo de sus tierras ancestrales. La mayoría de los traslados se están llevando a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado (FPIC), en clara violación del derecho indio e internacional.
El desplazamiento ha provocado el colapso de los medios de vida tradicionales, el hambre y el empeoramiento de las condiciones sanitarias. Algunas familias desplazadas han sido eliminadas de los censos electorales y se les han denegado servicios esenciales. Los testimonios de las mujeres indígenas describen amenazas, violencia sexual y miedo constante.
IPRI insta a todos los gobiernos a garantizar que los esfuerzos de conservación respeten, en lugar de violar, los derechos de los pueblos indígenas. Décadas de pruebas confirman que la conservación liderada por los indígenas es más eficaz, equitativa y sostenible. Por el contrario, los enfoques militarizados y excluyentes alimentan la violencia sistémica y profundizan la injusticia. La verdadera conservación no puede tener éxito sin el liderazgo indígena, los derechos sobre la tierra y el consentimiento libre, previo e informado como elementos fundamentales.
Aún más: estos desalojos forzosos violan las leyes de la India y sus obligaciones internacionales en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en particular la Recomendación General n.º 39, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).
Estas graves preocupaciones se hacen eco de las expresadas por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su carta de alerta temprana y acción urgente dirigida a la India, publicada en mayo de 2025, en la que se destacaba el uso de la conservación para justificar las violaciones contra los pueblos indígenas.
Instamos al Gobierno de la India y a las autoridades del estado de Odisha a que:
- Retiren inmediatamente todos los cargos penales contra los miembros de la comunidad bakua.
- Pongan fin de inmediato a todas las redadas y campañas de desprestigio contra las comunidades adivasi.
- Investiguen y castiguen todos los actos de violencia cometidos por funcionarios estatales y guardas forestales, especialmente los dirigidos contra las mujeres indígenas.
- Reconozcan y protejan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos los lugares sagrados y espirituales.
- Proporcionen una reparación integral a las mujeres y comunidades afectadas.
- Apliquen adecuadamente la Ley de Derechos Forestales y la Ley PESA.
- Detengan todos los traslados y desalojos forzados.
- Establezcan un diálogo genuino con los pueblos indígenas para garantizar que las actividades de conservación respeten sus derechos, su autogobierno y sus medios de vida, y reconozcan su papel tradicional como guardianes de sus tierras, territorios y recursos.
