El camino a seguir está claro. La conservación debe romper con su legado colonial de exclusión y criminalización y abrazar un futuro basado en la justicia y la autodeterminación. Esto significa reconocer a los Pueblos Indígenas no como obstáculos, sino como líderes y titulares de derechos. Significa proteger sus tierras y garantizar su tenencia como base de la biodiversidad mundial. Y significa garantizar que todas las políticas, leyes y prácticas de conservación se basen en el respeto de los derechos humanos.
Para documentar mejor esta cuestión, IPRI está llevando a cabo un análisis de los marcos jurídicos y políticos en materia de conservación en doce países de África, Asia y América Latina para evaluar su coherencia con las obligaciones internacionales relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Este documento informativo pretende ofrecer un resumen de las conclusiones preliminares de los estudios en curso y algunas recomendaciones clave.
