Frente a los hechos de violencia que ocurren en Colombia, en el marco de la movilización ciudadana que ejerce su derecho a la protesta en contra de la reforma tributaria en medio de la pandemia, Indigenous Peoples Rights International, IPRI, manifiesta lo siguiente:
Estamos profundamente preocupados y rechazamos rotundamente los actos de represión desproporcionada por parte de policías y militares quienes haciendo uso del monopolio de la fuerza disparan contra la población civil movilizada en las calles, que ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica.
Ante los actos y omisiones del Estado Colombiano, se observan graves incumplimientos a las obligaciones internacionales en materia de prevención, protección y garantía de los derechos humanos, en particular con relación a los derechos de los pueblos indígenas.
Se han documentado numerosos casos en los que la policía dispara contra la población civil movilizada en las calles. Se observan imágenes de la utilización de tanques de guerra, contraviniendo las normas internacionales sobre los límites para el uso del ejército. Según el informe de la ONG Colombiana “Temblores” se registran 1181 casos de abuso policial, 761 detenciones arbitrarias, 26 homicidios, 9 víctimas de violencia sexual y decenas de desaparecidos. Asimismo, el 3 de mayo, la Misión de Derechos Humanos de la ONU que realizaba un acompañamiento de verificación en Cali fue objeto de amenazas y disparos, en apariencia, por miembros de la fuerza pública.
En el contexto de criminalización y asesinatos de líderes y lideresas indígenas en Colombia, alertamos de mayores violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas movilizadas a lo largo del país han sufrido violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Escuadrón Móvil Anti Disturbios-ESMAD y Grupo de Operaciones Especiales-GOES). Durante las movilizaciones del 4 de mayo, la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, denunció intimidación por parte de miembros del batallón de Gualtal en Nariño que se niegan a guardar distancia de la población civil, generando zozobra y limitando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Reiteramos la obligación del Estado colombiano de adecuar las actuaciones de la fuerza pública a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego es un recurso al que solo se puede acudir como última ratio. Deben cesar los discursos de odio, la estigmatización, la criminalización y todas aquellas actuaciones encaminadas a justificar el uso de la violencia contra los pueblos indígenas, comunidades afro, campesinas y demás expresiones del movimiento social y popular.
Exhortamos al Gobierno nacional, al Comandante de las Fuerzas Militares, al Comandante de la Policía Nacional al cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la población en general.
Les instamos a permitir que las personas defensoras de DDHH documenten y acompañen los traslados de los miembros de comunidades indígenas y demás personas que conducen a centros de detención. Se debe igualmente garantizar la presencia del Ministerio Público durante las manifestaciones y en los centros de detención para verificar la situación en la que se encuentran las y los miembros de comunidades indígenas y demás personas detenidas por la fuerza pública.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los pueblos indígenas en Colombia y en general con el pueblo colombiano.
Acerca de Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
IPRI es una organización mundial de pueblos indígenas legalmente registrada y sin ánimo de lucro que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y unificar y amplificar la reclamación de justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad.