Con indignación, repudio y dolor informamos y denunciamos ante las entidades del Estado colombiano, organizaciones y organismos internacionales y la opinión pública que:

El día de hoy fue asesinada la lideresa indígena del pueblo nasa Sandra Liliana Peña Chocué, quien era la gobernadora de la Laguna Siberia, municipio de Caldono, Norte del Cauca.  De acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, cuatro hombres armados llegaron hasta la casa de la líder indígena desde donde la obligaron a salir y sin mediar palabra le dispararon. La Gobernadora, como autoridad, había manifestado en días anteriores la posición de rechazo a los cultivos de uso ilícito que se estaba incrementando en su territorio.

La Defensoría del Pueblo había advertido mediante la Alerta Temprana 040 de 2020 el riesgo de las comunidades indígenas de este territorio por la presencia de actores armados ilegales, sin embargo, las entidades competentes no adoptaron medidas para garantizar la protección colectiva.  El territorio indígena, campesino y afro es disputado por su importancia geo estratégica por casi una decena de grupos armados y otros actores con intereses económicos, que someten a las comunidades al desplazamiento forzado, el abandono y el confinamiento.

Este homicidio profundiza la grave crisis en materia de derechos humanos que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia y en particular, las comunidades indígenas que luchan por la defensa de sus territorios y la pervivencia física y cultural. Con el homicidio de la autoridad Indígena Sandra Peña, son ya 1166 defensoras y defensores asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia y 52 en lo que va corrido del año 2021.

Por los anteriores hechos hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que:

1. Adopte todas las medidas de protección individual y colectiva para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las comunidades indígenas y sus autoridades, considerando el riesgo agravado por la pandemia del COVID-19 y los procesos socio económicos que se desarrollan en sus territorios.

2. Investigue y sancione con celeridad y diligencia los asesinatos y agresiones contra autoridades y comuneros indígenas.