Los Pueblos Indígenas y la sociedad civil en general hacemos un llamamiento a los Gobiernos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que atiendan urgentemente la llamada global y persistente de una respuesta inmediata, adecuada y culturalmente apropiada con el fin de ayudar a las comunidades de los Pueblos Indígenas ante la actual pandemia de la COVID-19. La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los Pueblos Indígenas y está exacerbando las desigualdades estructurales subyacentes y la discriminación contra los mismos.
Foto de archivo del IPRI
Los Pueblos Indígenas y la sociedad civil en general hacemos un llamamiento a los Gobiernos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que atiendan urgentemente la llamada global y persistente de una respuesta inmediata, adecuada y culturalmente apropiada con el fin de ayudar a las comunidades de los Pueblos Indígenas ante la actual pandemia de la COVID-19. La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los Pueblos Indígenas y está exacerbando las desigualdades estructurales subyacentes y la discriminación contra los mismos.
El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó en 2020 de que “[d]urante la pandemia de COVID-19, los Pueblos Indígenas ya han informado de niveles alarmantes de transmisión entre de sus comunidades y, a veces, de mayores tasas de letalidad”[1]. La arremetida de la variante Delta ha agravado gravemente la situación de los Pueblos Indígenas y no ha perdonado ni siquiera a las comunidades que han empleado eficazmente sus sistemas tradicionales para prevenir o afrontar adecuadamente la pandemia. Los Pueblos Indígenas temen seriamente por sus vidas, ya que sus sistemas tradicionales están resultando insuficientes a la hora de combatir la ferocidad de la variante letal Delta, además de sufrir los impactos negativos de las restricciones y otras medidas discriminatorias. Los Pueblos Indígenas, en especial la generación más joven, está muriendo a un ritmo alarmante debido a la variante Delta. “Nuestras generaciones más jóvenes están muriendo, especialmente con la variante Delta. Algunas de nuestras comunidades no tienen acceso a las vacunas ni a la atención sanitaria, y otras no tienen ningún conocimiento sobre el virus ni sobre cómo afrontarlo”, dijo Rukka Sombolinggi, una mujer indígena de Indonesia.
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (Indigenous Peoples Rights International - IPRI) recopiló información que muestra las medidas discriminatorias y culturalmente insensibles de algunos gobiernos a la hora de distribuir las vacunas y de proporcionar asistencia médica. Por ejemplo, en la distribución de vacunas se da prioridad a las personas con comorbilidad que pueden mostrar un certificado médico y se exigen documentos de identificación. Algunas comunidades indígenas, que no tienen acceso a los servicios médicos, no tienen medios para saber, y mucho menos para demostrar, que tienen comorbilidades. Algunas personas indígenas no tienen documentos de identificación, ya que, de hecho, a algunas comunidades se les niega el registro y la ciudadanía, como en el caso de unas 100 000 personas indígenas en Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Muchos Pueblos Indígenas de países de todo el mundo ni siquiera tienen certificados de nacimiento. Algunas comunidades no tienen conocimientos, o son mínimos, sobre el virus y cómo abordarlo.
Incluso en países del primer mundo como Australia, las comunidades indígenas alejadas de las poblaciones urbanas no se han librado de la pandemia y se enfrentan a graves problemas de acceso a la asistencia médica. En Walgett, Australia, donde se produjo un reciente brote del virus, el hospital no tiene unidad de cuidados intensivos, y las y los pacientes gravemente enfermos tienen que ser trasladados durante tres (3) horas en helicóptero a otra ciudad.
La angustiosa situación de los Pueblos Indígenas frente a esta pandemia se mantiene a pesar de las políticas internacionales para prestar una atención urgente y específica a las poblaciones que sufren el mayor grado de marginación socioeconómica, como es el caso de los Pueblos Indígenas. El Marco de las Naciones Unidas para la respuesta socioeconómica inmediata ante la COVID-19 identifica a los Pueblos Indígenas como una de las poblaciones a las que hay que llegar para garantizar una respuesta inmediata de desarrollo a fin de no dejarlos nunca más atrás. “La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) han publicado recomendaciones específicamente aplicables a los Pueblos Indígenas durante y después de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una reseña de políticas y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas publicó una nota nota de orientación para el sistema de las Naciones Unidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre los derechos humanos y la pandemia, que incluye recomendaciones para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. ...El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitió recomendaciones relacionadas con el acceso a los servicios de salud, el agua y el saneamiento, e instó a los Estados a tener en cuenta el modo de vida de los Pueblos Indígenas en todas las decisiones que se adopten para la prevención de la COVID-19. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitió un conjunto de recomendaciones sobre respuestas a corto plazo a la COVID-19 que apoyan la cohesión social”[2].
Grupos y personalidades internacionales han hecho un llamamiento a los Gobiernos para que adopten medidas culturalmente apropiadas y respondan inmediatamente a las dificultades y desafíos de los Pueblos Indígenas derivados de la COVID-19. “La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a los Estados miembros a generar programas y políticas específicas para sostener las economías de sus comunidades indígenas y dedicó partes de su Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas a la necesidad de dar una respuesta diferenciada para los pueblos indígenas”[3]. La FAO hizo un llamado urgente “a los Gobiernos, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y a las autoridades indígenas tradicionales a tomar medidas específicas para enfrentar la emergencia, con un enfoque intercultural y garantizando el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en todo momento”. En una declaración emitida por Anne Nuorgam, la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII, por sus siglas en inglés), ésta puso de relieve la urgencia de que los Estados aborden la situación de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas: “Instamos a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que incluyan las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas a la hora de abordar el brote global de COVID-19”.
Sin embargo, la respuesta de los Gobiernos y la asistencia general a los Pueblos Indígenas han sido generalmente limitadas, cuando no totalmente ausentes o culturalmente insensibles. Los Gobiernos siguen “sin adoptar políticas específicas y a veces ni siquiera incluyen a los pueblos indígenas en las respuestas generales a la COVID-19”[4].
Frente a esto, renovamos y ampliamos el llamamiento URGENTE a los Gobiernos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que se dé una respuesta INMEDIATA, ADECUADA Y CULTURALMENTE APROPIADA a la pandemia para todos los Pueblos Indígenas del mundo, apoyando al mismo tiempo las medidas tradicionales de las comunidades para complementar los métodos científicos modernos a la hora de abordar la enfermedad de la COVID-19.
Es preciso tener en cuenta que los Pueblos Indígenas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental sin discriminación (PIDESC, Art. 12), y el derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras, la salud y la seguridad social (DNUDPI, Art. 21). Además, es indispensable garantizar que no se deje atrás a los Pueblos Indígenas a la hora de alcanzar los objetivos mundiales de desarrollo sostenible.