En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos 2020, Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), una organización mundial de defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, organizó el webinar: “Bajo amenaza: respondiendo a los impactos colectivos de la creciente violencia y criminalización contra los pueblos indígenas” el 9 de diciembre de 2020.
El webinar proporcionó un espacio para que sus organizaciones socias y aliados en Brasil, Colombia, México y Filipinas compartieran las particularidades de la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas en esos países y subrayaran la dimensión colectiva de las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas.
Participaron Sonia Guajajara de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) de Brasil, Leonor Zalabata Torres del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan de Guerrero, México, y Mai Taqueban de Legal Rights and Natural Resources Center/Kasama sa Kalisakan (LRC-KSK) de Filipinas. La co-directora de IPRI y ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, moderó el evento.
La presentación de Sonia Guajajara se centró en la violencia y criminalización en Brasil, con la regresión en los derechos reconocidos. Explicó también que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha perpetuado ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas.
En el contexto de Colombia, Leonor Zalabata compartió la situación de los pueblos indígenas tras los acuerdos de paz y el continuo desprecio por la libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas. Reflexionó sobre cómo el actual modelo económico hegemónico socava los modos de vida de los pueblos indígenas y cómo el gobierno colombiano manipula la ley para debilitar su autonomía y autogobierno.
Abel Barrera se refirió a la fortaleza de los pueblos indígenas en México, que se enfrentan a nuevas y viejas amenazas del desarrollo insostenible.
Mai Taqueban se refirió a la criminalización y violencia contra los pueblos indígenas bajo la actual administración filipina. Filipinas ha visto como se reducía aún más su espacio democrático, como ejemplifica la adopción de la ley de la República número 11479 o ley antiterrorista de 2020.
En septiembre de 2018, Victoria Tauli-Corpuz, entonces Relatora Especial, informó al Consejo de Derechos Humanos sobre el empeoramiento de la criminalización de los defensores indígenas de derechos humanos. Reiteró que los estudios del Relator Especial sobre defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre derechos humanos y medioambiente habían alertado de una ‘crisis mundial’ de ataques contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, subrayando que muchos de estos defensores son miembros de comunidades indígenas.
Con la pandemia del COVID-19, el problema de la criminalización de los pueblos indígenas ha empeorado. En su informe semestral presentado en agosto, IPRI señaló cómo los gobiernos han aprovechado la pandemia para implementar leyes y políticas que son más efectivas para recortar las libertades fundamentales que para frenar la expansión del COVID-19. Se señaló también la amenaza que suponen los planes de recuperación económica de distintos gobiernos basados esencialmente en la explotación del medio ambiente y los recursos naturales, que se encuentran en su mayoría en los territorios de los pueblos indígenas.
La serie de webinar organizados por IPRI alrededor del 9º Foro de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos (16-18 de noviembre) incidió aún más en los planes de recuperación económica post-COVID-19. Planteó la responsabilidad de las corporaciones en relación con las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las áreas en las que operan.
Preocupaciones parecidas se han reflejado también en muchos de los casos que IPRI ha estado apoyando en África, el Ártico y América Latina a través de su Fondo de Defensa Legal y su programa de incidencia. Los casos evidencian también que cada caso implica muchos incidentes de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Además, en los casos de ataques contra un defensor indígena de los derechos humanos, la seguridad de todo su grupo o comunidad se ve también comprometida.
La criminalización y violencia contra los pueblos indígenas está a menudo vinculada a sus derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. La narrativa sobre la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su libre determinación, autonomía y autogobierno además de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales presenta también similitudes en todo el mundo. Esto ha sido la base de los movimientos indígenas en todo el mundo y muestra la solidaridad entre ellos. Pero estas similitudes se producen en contextos políticos diferentes, que puede ser específicos dependiendo de las estructuras y procesos en un Estado en particular.
En este asunto incidió el webinar de IPRI del Día de los Derechos Humanos 2020, ya que los oradores subrayaron las especificidades de sus luchas en sus respectivos contextos políticos nacionales. IPRI espera que este seminario haya subrayado que los pueblos indígenas sólo pueden recuperarse mejor después de esta pandemia y prevenir otras potenciales si, en unidad con otros pueblos indígenas, protegen sus derechos a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos.