La organización mundial indígena Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan hacen un enérgico llamado al Gobierno mexicano para que cumplan plenamente las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas Me’phaa torturadas sexualmente por militares mexicanos en 2002,en el estado de Guerrero.
Pese a la falta de compromiso del Gobierno mexicano por cumplir la sentencia de la Corte, Inés y Valentina no han desfallecido en su lucha para conseguir justicia.
“Llevo media vida en esta lucha, media vida de buscar justicia. Yo salí de México para buscar justicia en otro país, porque aquí no me creyeron. Fue hasta la Corte donde fui escuchada. Después de muchos años de lucha el Estado sigue sin cumplir.”
“Por eso hoy le pido a la Corte que siga presionando al gobierno, para que haga bien su trabajo, que cumpla ya toda la sentencia; yo no tendría por qué ir a buscar justicia a otro país, lo hice porque era mi única esperanza para obtener justicia. Si mi caso no hubiera llegado a la Corte, mis agresores seguirían libres”, dijo Valentina Rosendo.
Hace ya una década que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, emitió dos sentencias contra México que ordenaban la investigación de los casos por autoridades civiles, reformas en el sistema de justicia militar y diversas políticas públicas para la atención de la violencia de género.
En agosto de 2010, la Corte señaló en sus sentencias que se habían violado los derechos de ambas mujeres a una vida libre de violencia, a la protección de la dignidad humana y la vida privada, al debido proceso y a las garantías judiciales. Las sentencias del Tribunal Interamericano ordenaban medidas individuales, comunitarias y estructurales de reparación con el fin de prevenir la repetición de abusos similares contra otras mujeres en el futuro.
Las medidas de reparación incluían, entre otras: investigaciones en el fuero ordinario para determinar las responsabilidades penales y sanciones correspondientes; reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado; creación de un centro comunitario para las mujeres indígenas en la municipalidad de Ayutla; reformas de las leyes que favorecen la impunidad de las violaciones de los derechos humanos bajo la jurisdicción militar; compensaciones y garantías de acceso a la salud y educación para las víctimas.
La Corte Interamericana señaló también que México no había cumplido con su obligación internacional de compatibilizar el marco jurídico militar con los estándares internacionales contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. México ha ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos. Ha ratificado igualmente el Convenio 169 de la OIT y jugó un papel de liderazgo en la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Hace ya mucho que se tenía que haber hecho justicia en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Además, es necesaria la adopción urgente de las reformas necesarias para prevenir más casos de violencia contra las mujeres indígenas de parte de fuerzas del estado y para poder hacer frente a la impunidad” ha señalado Joan Carling, co-directora de IPRI.
Hace ya 18 años que se cometieron estos atroces delitos, y todavía no se ha hecho justicia. El movimiento indígena internacional está decidido a seguir luchando junto a las víctimas hasta que todos los implicados respondan por los crímenes cometidos.
IPRI, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han lanzado una petición de firmas para expresar su solidaridad con la infatigable lucha de Inés y Valentina y para pedir el cabal cumplimiento de la sentencia de la Corte, incluidas las medidas estructurales y de reparación colectiva ordenadas por la misma.
Puede acceder a la petición de inicio de sesión aquí: http://bit.ly/IPRI-Petition-Mexico