En el Día Internacional de los Derechos Humanos de 2021, la situación para los pueblos indígenas en América Latina es sumamente grave. Los pueblos indígenas viven la disonancia entre los avances normativos internacionales e incluso nacionales de protección de sus derechos y su falta de implementación en el terreno.  No solamente enfrentan a la fuerza del Estado que intenta imponerles proyectos y despojarlos de sus territorios, sino a fuerzas irregulares -actores armados ilegales- que disputan sus territorios con fuerza mortal.

En este escenario, los pueblos indígenas suelen ser blanco de una violencia impune dirigida a minar su resistencia colectiva y apropiarse de sus tierras y recursos: ejecuciones, criminalización de líderes o de comunidades enteras, tortura, abusos a mujeres y desplazamiento forzado.

En América Latina, son tres los países que encabezan en el número de personas defensoras asesinadas: México, Colombia y Brasil. A continuación, se presentan los principales hallazgos de los equipos país del Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en estos tres países:

Brasil

En los últimos cinco años, se ha recrudecido la violencia contra los pueblos indígenas. La retórica y las acciones de la administración Bolsonaro son contrarias a los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas. Asimismo, les trata como enemigos. Se ha dado una sostenida desinformación pública, así como un discurso antiindígena gubernamental que tiene un amplio eco en los medios de comunicación y en los diferentes poderes del Estado. Sus ataques y amenazas orientan las acciones de los grupos paramilitares y de las milicias armadas que operan la deforestación y el extractivismo ilegales, el acaparamiento e invasión de tierras en territorios indígenas y diversos tipos de violencia.

Además del sufrimiento que implica para las comunidades y pueblos cuando sus integrantes son víctimas de diversas violencias, los pueblos indígenas enfrentan un sistema penal que los criminaliza, los considera bajo la tutela del órgano indígena estatal y que no tiene una asistencia pública legal y adecuada. Las instituciones públicas que deberían garantizar los derechos de los pueblos indígenas han sufrido un acoso constante y un desmantelamiento de las políticas públicas inteculturales y ambientales que ha impactado directamente en la calidad de vida de los pueblos indígenas. Esta situación se ha agravado en el contexto de la pandemia al utilizar como pretexto la reactivación económica para impulsar iniciativas legales que pretenden despojarlos de sus territorios.

Pese a ello, los pueblos indígenas han salido a plantar cara a los discursos y acciones  violatorias de derechos humanos. Su lucha ha resultado en enjuiciamientos contra líderes, recrudecimeinto de ataques, estigmatización y penalización de las luchas colectivas e incluso acciones legales como el caso relacionado al Marco Temporal con relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Colombia

En Colombia, los ataques contra los pueblos indígenas no tienen descanso. Los intereses externos acechan sus territorios, especialmente en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca. Numerosos casos de asesinatos, lesiones, desplazamiento, confrontaciones armadas, despojo de territorios, minas antipersonales y confinamiento de la población son el pan de cada día que enfrentan los pueblos indígenas.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió 180 alegaciones de homicidios de personas defensoras, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró, hasta el 9 de noviembre, el asesinato de 152 personas defensoras, líderes y lideresas sociales. Muchas de estas personas son indígenas.

Durante la movilización social nacional del 2021, los pueblos se unieron a la Minga. El gobierno y actores privados no respondieron con diálogo, sino con ataques a las movilizaciones, tanto físicos como en la exacerbación del discurso racista.

México

México, un Estado caracterizado por una severa crisis de derechos humanos, tiene en el germen de la violencia que le azota la colusión entre autoridades de los distitos niveles de gobierno y grupos del narcotráfico, así como una impunidad casi total.

Los pueblos indígenas sufren crecientes incursiones de estos violentos grupos al servicio del crimen que disputan sus territorios valiéndose de las desapariciones, las torturas y las ejecuciones. Esto se suma a una situación en la que la acción estatal ha exacerbado los conflictos entre comunidades, en la que se dan desplazamientos de pueblos asediados por el crimen o expulsados por las empresas y en la que el Estado sigue negándose a reconocer los derechos de los pueblos, buscando diversos apoyos políticos y legales para burlar la necesidad del consentimiento previo, libre e informado.

IPRI ha documentado que, tan solo hasta junio de 2021, se habían registrado 14 asesinatos de personas indígenas defensoras de derechos humanos. Estos crímenes han quedado en la impunidad con el agravante que no hay expectativa de que el Estado pueda proporcionar justicia ni reparación.

Estos tres países ejemplifican completamente los altos costos que tiene para los pueblos indígenas la defensa de sus territorios y recursos, así como del ambiente. Sin embargo, también podemos encontrar en ellos ejemplares procesos de resistencia, de incidencia y de construcción de alternativas.

Para prosperar, estos procesos necesitan de aliados solidarios en todo el campo social. Los pueblos indígenas se han dado a la tarea de buscar un puente con estos aliados a través del lenguaje audiovisual. Si te interesa conocer más de estas historias, puedes visitar: https://iprights.org/es/es-video-forum-2021