Defender la vida en Nahuatzen, México: El costo de la autonomía y libertad frente al crimen organizado

José Antonio Arreola recuerda la madrugada en que tuvo que dejar su hogar, a su esposa y a sus hijos pequeños, únicamente con un compañero de lucha a su lado como soporte. Las amenazas del crimen organizado lo obligaron a huir de Nahuatzen, la comunidad de la Meseta P’urhépecha en la que creció, nació y que se esforzó por proteger. Dejó atrás los ricos bosques, un pueblo de cultura indígena arraigada y a su gente, pero él piensa en volver para seguir luchando por el sostenimiento y reconocimiento de la autonomía, así como de la seguridad en su pueblo.

La situación de violencia en Nahuatzen, Michoacán, en el occidente de México, es sumamente crítica. Las redes criminales disputan el control de los territorios indígenas, ya sea por sus recursos maderables o por su posición clave para el trasiego de mercancías ilegales, y su influencia sobre instituciones del gobierno municipal es cada vez más evidente. En este contexto, defensoras y defensores indígenas enfrentan altos niveles de riesgo, y son blanco de amenazas, hostigamientos y graves violaciones a sus derechos individuales y colectivos, especialmente cuando ejercen su derecho a la libre determinación.

José Antonio Arreola es ejemplo de esta lucha. En 2015  se desempeñaba como representante del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), un gobierno comunitario que surgió a través de una asamblea comunitaria como respuesta a la inseguridad, la corrupción y el abandono estatal. Dos años después, el CCIN fue reconocido oficialmente por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y por el Gobierno Federal como autoridad indígena. Pero ese reconocimiento también marcó el inicio de una nueva etapa de represión.

Por ejemplo, funcionarios del Gobierno del Estado de Michoacán, especialmente bajo órdenes de Silvano Aureoles (gobernador entre 2015 y 2021) desconocieron al CCIN y mantuvieron operando al Ayuntamiento, a pesar del fallo del Tribunal Electoral que reconocía al CCIN como autoridad legítima. Esta acción obstaculizó la ejecución de actividades de la autonomía de Nahuatzen.

La persecución se intensificó a través de amenazas, campañas de desprestigio y hostigamiento político. El 14 de noviembre de 2018, José Antonio fue detenido de manera violenta en su propio domicilio. Durante el operativo, sus hijos pequeños fueron encañonados y amenazados por elementos policiales[1]. Fue acusado sin fundamentos de robo con violencia y sabotaje en perjuicio del Ayuntamiento de Nahuatzen y posteriormente condenado a siete años de prisión en el Centro Penitenciario “Lic. Eduardo Ruiz” de Uruapan.

José Antonio recuperó su libertad en 2022 por una resolución de [CH1] la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que durante el juicio no se pudo comprobar el delito presuntamente cometido. Al salir de la cárcel, no abandonó su compromiso. Preocupado por el crecimiento de las adicciones en su comunidad, impulsó la creación de un centro de rehabilitación para jóvenes indígenas: “Cuando regresé, me impresionó ver cuántas familias estaban vendiendo droga. Si la seguridad estuviera en manos de la comunidad, otra sería la historia.”

Su liderazgo volvió a incomodar. En 2025, nuevamente fue blanco de amenazas por parte del crimen organizado. Para proteger su vida debió desplazarse. Se fue con miedo pero también con esperanza. La esperanza de que algún día su pueblo pueda vivir en paz y con dignidad.

“Hay personas armadas y encapuchadas que no pertenecen a la comunidad.  Ahora no puedo estar ahí, pero junto con otras organizaciones buscamos que se reconozca la autonomía y regresar en paz”, detalla. Su familia hoy está separada, viviendo con miedo y siendo víctimas de un modelo que combina violencia armada con impunidad.

En Nahuatzen, así como en otras comunidades indígenas de la región, el crimen organizado tiene un patrón particular. Primero queman el bosque, luego compran las tierras o las toman por la fuerza. Se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad, miedo y desesperación de pobladores para lograr su  entrada al territorio.

La corrupción y el abandono institucional lo permiten. Los pobladores de la zona denuncian que el gobierno estatal guarda silencio; el federal no actúa.

Mientras tanto, comunidades enteras no sólo pierden la autonomía sobre su territorio[CH2] , sino también la confianza en las autoridades que deberían protegerlas. Esta doble pérdida debilita profundamente sus formas propias de organización. Las asambleas comunitarias dejan de ser reconocidas, los liderazgos tradicionales son criminalizados o cooptados, y el tejido social se fragmenta por el miedo y el desplazamiento forzado. Sin consulta ni respeto, se imponen proyectos ajenos que rompen los planes de vida comunitarios y vulneran la autonomía que los pueblos han defendido por generaciones.

“Si miran que nos reunimos en la casa de algún compañero, nos amenazan. Intentan a apostarle al cansancio de la gente. Con tanta injusticia, no podemos permitir bajar las manos. Estamos tratando de hacer a un lado el miedo y seguir auto-organizándonos”, señala José Antonio con firmeza.

Hoy, defender los derechos colectivos implica poner en riesgo la vida. En territorios donde quienes deberían proteger a los pueblos indígenas actúan al servicio de otros intereses, la defensa del territorio es un acto de valentía. La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México y la imposición de duras condenas contra ellos. Las condenas combinadas de nueve de los 10 defensores a los que se refirió en su comunicación de noviembre de 2024 sumaron casi 300 años de prisión[2].

Es por ello que la suma de esfuerzos colectivos es imperante. José Antonio, como otros defensores indígenas, ha sido acompañado por Serapaz, Voces del Territorio, Red Solidaria, Front Line Defenders e Indigenous Peoples Rights International, quienes brindan acompañamiento en procesos de defensa territorial y construcción de paz.

Frente a esta realidad, además de denunciar las violaciones de los derechos individuales y colectivos, los pueblos indígenas han urgido a actuar sobre las raíces estructurales de la crisis con medidas contundentes: reconocer los sistemas comunitarios de seguridad como las rondas comunales, garantizar la libre determinación, y fortalecer las formas propias de autonomía y gobierno indígena. Solo así será posible reconstruir la esperanza de volver al territorio en paz.

El Fondo de Defensa Legal y Santuario (LDSF) del IPRI proporcionó apoyo a José Antonio Arreola para garantizar condiciones de seguridad, sustento y capacidad de comunicación durante el período de refugio temporal, así como prever recursos para una posible evacuación urgente. Esto le permitirá continuar su lucha por el derecho a la autonomía y seguridad de su comunidad.

[1] Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Informe final de la Misión Civil de Observación “Autonomía y libre determinación en la meseta purépecha” (Michoacán, 17–20 de febrero de 2020). Red TDT, Michoacán, México, 2021.

[2] OHCHR, “México: experta de la ONU preocupada por criminalización, detenciones arbitrarias y largas condenas a defensores indígenas”,  08 de noviembre de 2024. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/11/mexico-un-expert-concerned-over-criminalisation-arbitrary-detention-and-long

Por una resolución de la Suprema Corte…

¿A qué se refieren con esto?