Extracción petrolera en Turkana: Derechos indígenas, promesas incumplidas y lucha por la justicia

En 2012, el descubrimiento de petróleo en la cuenca petrolífera de Lokichar, en el condado de Turkana, al noroeste de Kenia, se anunció como un hito para el desarrollo nacional. La empresa petrolera Tullow, a la que se concedieron derechos de extracción por medio de un proceso de adquisición obligatoria de tierras dirigido por la Comisión Nacional de Tierras, firmó acuerdos con el gobierno del condado de Turkana. Sin embargo, este proceso se desarrolló sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del Pueblo Indígena turkana, lo que suscitó una profunda preocupación por los derechos sobre la tierra y la justicia.

Desde el comienzo de la extracción, las comunidades locales se han llevado la peor parte de los daños medioambientales. Indigenous Africa ha denunciado que las instalaciones de Tullow Oil almacenan residuos tóxicos de perforación de forma inadecuada, incumpliendo las normas de la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental (NEMA). Los pastores indígenas cuentan cómo los productos químicos llegan a las fuentes de agua durante las lluvias, envenenando al ganado y poniendo en peligro la salud de la comunidad.

Mientras tanto, el desplazamiento ha despojado a los pueblos turkana de tierras, árboles y plantas medicinales, considerados "sin valor" por las autoridades, mientras que a cambio sólo se ofrecieron "casas temporales sin valor". Esta narrativa de infravaloración profundiza la desposesión de una comunidad ya de por sí vulnerable.

Entre 2012 y 2016, los pagos de Tullow Oil se dirigieron a las autoridades municipales. Con la descentralización de Kenia de 2013[1] y la promulgación del Reglamento de Tierras Comunitarias en agosto de 2017[2] para poner en funcionamiento la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, las nuevas disposiciones de esta ley exigían a los condados actuar como fideicomisarios y liberar rápidamente todos los fondos de compensación directamente a los comités de gestión de tierras comunitarias tras el registro de las respectivas tierras comunitarias.

Sin embargo, el 20 de junio de 2024, Tullow Oil depositó 258 millones de KSH (casi 2 millones de USD) al condado de Turkana como compensación por las tierras arrendadas a las comunidades. En lugar de canalizar los fondos hacia cuentas comunitarias o mantenerlos en una cuenta especial que produjera intereses para las comunidades afectadas, tal y como establece la ley, el gobierno del condado los desvió para otros fines. Los funcionarios lo justificaron como pagos de arrendamientos, impuestos, gravámenes y tasas, mientras que grupos de la sociedad civil como el Consorcio Extractivo de Turkana insisten en que los fondos pertenecen legalmente a las comunidades.

En este contexto, Geoffry Ariong, indígena turkana y director ejecutivo de Turkana Indigenous People Action for Development (TIPD), ha asumido un papel destacado en la búsqueda de responsabilidades. El 24 de junio de 2025, TIPD presentó una demanda ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente contra el gobierno del condado de Turkana, junto con Tullow Oil y la Comisión Nacional de Tierras.

Sin embargo, esta búsqueda de justicia ha tenido un coste. Geoffry afirma haber recibido llamadas amenazadoras desde números ocultos y acoso a través de WhatsApp. Temiendo por su seguridad, se trasladó a Turkana Sur, pero sigue estando amenazado, sobre todo porque en los próximos días se van a entregar notificaciones judiciales.

"Estamos cada vez más preocupados por la seguridad de Geoffry", declaró TIPD, anticipando que las amenazas aumentarán una vez que el caso avance formalmente.

Más allá de los riesgos físicos, se ciernen grandes obstáculos económicos. Con los honorarios legales ya desbordando la capacidad de la comunidad, TIPD se enfrenta a un saldo pendiente de 520.000 KSH (4.000 USD). A pesar de estos retos, la comunidad sigue decidida a exigir responsabilidades al gobierno y a las empresas.

En respuesta a esta precaria situación, el Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF) ha intervenido para apoyar a Geoffry. El Fondo está proporcionando asistencia logística para cubrir los gastos inmediatos, garantizar su seguridad y mantener la batalla legal. Esto incluye recursos para hacer frente a la intimidación que se espera una vez que los acusados sean notificados formalmente, y apoyo financiero que permita a Geoffry salvaguardarse a sí mismo y a su familia.

La intervención del LDSF es esencial para proteger no sólo los derechos de Geoffry, sino también la lucha colectiva de las comunidades turkanas por defender su tierra y su medio ambiente.

La historia del petróleo de Turkana resume una lucha más amplia por los derechos indígenas, la justicia medioambiental y la responsabilidad en la extracción de recursos. Aunque el descubrimiento de petróleo se anunciaba como un camino hacia la prosperidad, ha traído consigo desplazamientos, exposición a sustancias tóxicas e indemnizaciones controvertidas. El caso encabezado por Geoffry Ariong y el TIPD -ahora sostenido gracias al apoyo vital del LDSF- podría sentar un precedente decisivo sobre cómo Kenia, y la región en general, equilibran las industrias extractivas con los derechos territoriales indígenas y la protección medioambiental.

[1] En este contexto, "descentralización" se refiere específicamente a la descentralización de la gobernanza en 2013 en virtud de la Constitución de Kenia de 2010, que transfirió competencias y responsabilidades, incluida la gestión de la tierra y los recursos naturales, de las autoridades nacionales y municipales a los recién creados gobiernos de condado.

[2] En agosto de 2017 se promulgó el Reglamento de Tierras Comunitarias para poner en práctica la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, proporcionando marcos jurídicos para registrar las tierras comunitarias, garantizando que las comunidades pudieran reclamar, poseer y proteger sus tierras.