Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organización indígena mundial que defiende los derechos de los pueblos indígenas, apoya plenamente a sus organizaciones indígenas asociadas en su lucha contra la nueva ley antiterrorista de Filipinas.
El 7 de agosto, varias organizaciones de pueblos moros e indígenas de Filipinas presentaron la 24ª petición de avocación y prohibición ante el Tribunal Supremo contra la recientemente aprobada Ley de la República 11479 o Ley Antiterrorista de 2020.
En la petición, los pueblos indígenas afirmaron que las definiciones ambiguas y arbitrarias de los delitos de terrorismo en la ley pueden utilizarse contra los pueblos indígenas y las personas defensoras de los derechos indígenas. Los grupos representados en la petición eran Kalumbay Regional Lumad Organization, Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), SANDUGO (Alliance and Movement of Bangsamoro and Indigenous Peoples and for Self-Determination), Save Our Schools Network, LILAK/Purple Action for Indigenous Women's Rights Inc, entre otras.
“Red baiting or red-tagging, the act of labeling persons as communists or terrorists, has been used in the past against civil society leaders who are critical of the government,” the petition stated.
Incluso antes de la Ley Antiterrorista de 2020, el gobierno filipino bajo la administración de Duterte había sido criticado por etiquetar a las personas activistas, incluidas las personas defensoras de los derechos indígenas, como terroristas.
De hecho, en 2018, más de 600 nombres de personas defensoras de derechos humanos, abogadas y abogados, periodistas y pueblos indígenas fueron incluidos en la "lista de terroristas" del gobierno.
La lista incluía incluso a las codirectoras de IPRI, la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, y la coorganizadora de Peoples’ Major Group (IPMG) for Sustainable Development, Joan Carling.
“Como organización indígena mundial, IPRI se compromete a apoyar la lucha de los pueblos indígenas por la justicia, por muy difícil que sea. La Ley Antiterrorista de Filipinas sirve como arma legal del Estado para garantizar más ataques contra las personas defensoras de los derechos, las tierras y el medioambiente", dijo Carling.
“IPRI trabajará junto con las organizaciones indígenas y las personas que abogan contra esta ley draconiana, y para promover el respeto y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas, así como el acceso a la justicia", añadió.
Carling también señaló que Filipinas es uno de los países en los que se centra IPRI debido a las continuas y graves violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que están reconocidos y protegidos por las leyes y políticas internacionales y nacionales.
En el informe global de mitad de año de IPRI sobre la criminalización y la impunidad contra los pueblos indígenas en tiempos de COVID-19, Filipinas tiene el mayor número de incidentes de criminalización documentados de 23 países. Se registraron 32 incidentes que afectaron a 125 personas, tres comunidades y seis pueblos. Estos casos incluyen el acaparamiento de tierras y la dispersión de protestas legítimas contra la minería, entre otros.
Para apoyar la lucha contra la Ley Antiterrorista de 2020, IPRI organizó un foro virtual para discutir la ley y sus implicaciones para los pueblos indígenas y las personas defensoras de los derechos indígenas en Filipinas el 10 de agosto de 2020.
Participaron en el foro virtual la maestra lumad Jeany Rose Hayahay, la comisionada de la Comisión de Derechos Humanos Gwen Pimentel-Gana, y el abogado indígena Tony La Viña, que representó a los demandantes ante el Tribunal Supremo.
En el foro virtual, la comisionada Pimentel señaló que los asesinatos extrajudiciales y otras formas de violación de los derechos humanos eran generalizados y prevalecían incluso sin la Ley Antiterrorista, por lo que la preocupación de las personas defensoras de los derechos humanos sobre el riesgo de que la nueva ley pueda ser objeto de abusos es válida y lógica.
Dijo que " la vaguedad del significado de "acto de terrorismo" en la Ley Antiterrorista filipina abrirá las puertas a los abusos contra las personas activistas, incluidos los pueblos indígenas, que exigen legítimamente el respeto y la promoción de sus derechos.”
El abogado Tony La Viña, por su parte, reiteró que la nueva ley está lejos de resolver el terrorismo, ya que el gobierno no proporciona servicios sociales básicos a la población: "estoy en contra del terrorismo, pero esta ley antiterrorista no resuelve el terrorismo en Filipinas. Lo que funciona es abordar la raíz de los problemas de desigualdad, como la pobreza.”
La profesora Rose, de la Escuela Lumad de Salugpongan, también instó al público a apoyar la lucha contra la Ley Antiterrorista.
“Pedimos que se elimine la Ley Antiterrorista. Hemos luchado antes y seguimos aquí. Seguiremos luchando", concluyó.