Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), una organización mundial de pueblos indígenas, condena enérgicamente la reciente detención y los cargos falsos contra seis habitantes indígenas de la aldea Laman Kinipan, en Kalimantan Central, Indonesia.
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), una organización mundial de pueblos indígenas, condena enérgicamente la reciente detención y los cargos falsos contra seis habitantes indígenas de la aldea Laman Kinipan, en Kalimantan Central, Indonesia.
En el marco de la pandemia, seis indígenas habitantes de la aldea, entre ellos el jefe de Laman Kinipan, Effendi Buhing, y dos jóvenes indígenas, fueron detenidos por la policía de Kalimantan Central por defender su bosque consuetudinario contra la expansión de PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML), una empresa de aceite de palma. Buhing fue detenido el 26 de agosto, mientras que los otros cinco fueron arrestados el 15 de agosto.
Gracias al fuerte apoyo mundial y a la atención de los medios de comunicación, las seis personas detenidas fueron liberadas por las autoridades, pero aparentemente fueron acusadas de robar a la empresa de aceite de palma, que desalojó a la fuerza a los miembros de la comunidad Laman Kinipan de sus tierras ancestrales.
Según informes de Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN (Alianza Nacional de Pueblos Indígenas del Archipiélago - Indonesia), la comunidad de Laman Kinipan descubrió que su bosque estaba siendo invadido por PT SML en abril de 2018. En consecuencia, la comunidad impuso sanciones consuetudinarias contra la empresa después de que ésta destruyera su territorio consuetudinario. También presentaron denuncias ante el regente de Lamandau, el Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) de Lamandau y el gobernador de Kalimantan Central.
La secretaria general de AMAN, Rukka Sombolinggi, señaló que los representantes de la comunidad de Laman Kinipan se habían quejado varias veces al gobierno nacional en Yakarta, pero ninguna medida seria había sido tomada.
Dijo que habían acudido al Ministerio de Planificación Agraria y Espacial, al Ministerio de Medioambiente y Bosques, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Palacio Presidencial a través del KSP (Oficina Ejecutiva del Presidente).
"El presidente debe ordenar inmediatamente al Jefe de Policía que deje de criminalizar a los pueblos indígenas, y al Ministerio de Medioambiente y Bosques que revoque la concesión de PT SML en el territorio de Laman Kinipan", declaró Sombolinggi.
IPRI expresó su solidaridad con la comunidad Kinipan en su lucha por defender sus bosques consuetudinarios de PT SML, y con AMAN, la mayor organización nacional de pueblos indígenas del mundo, en sus esfuerzos por proteger los derechos de los pueblos indígenas en Indonesia.
"El incidente puso de manifiesto el doble rasero de las fuerzas policiales al proteger los intereses particulares de las empresas en lugar de proteger a la población, mientras el gobierno hace la vista gorda ante la difícil situación de la comunidad de Kinipan. Se trata de un acto de injusticia e incoherente con las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos del gobierno de Indonesia", declaró la codirectora global de IPRI, Joan Carling.
Carling añadió que este incidente de criminalización en Indonesia es, por desgracia, común para muchos pueblos indígenas de todo el mundo.
"La criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas en el contexto de proyectos a gran escala relacionados con la agroindustria y las industrias extractivas se han vuelto endémicas, a pesar de la pandemia de COVID-19, que ha afectado gravemente a los pueblos indígenas", señaló Carling.
Y agregó: "El acceso a la justicia para las víctimas y sus familias es prácticamente imposible. Esto podría incluso empeorar en los próximos meses, ya que los Estados y las empresas se apoderan de las tierras y los recursos de los pueblos indígenas en nombre de la recuperación económica en el contexto de la pandemia."
IPRI publicó conjuntamente con AMAN una declaración de adhesión para que la ciudadanía apoye la demanda de retirar los cargos penales contra los habitantes de Kinipan detenidos, y para pedir al gobierno indonesio que suspenda las operaciones de PT SML e investigue sus prácticas empresariales.
La declaración de adhesión busca también poner fin a la criminalización de los pueblos indígenas en Indonesia y expresar la solidaridad internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
"IPRI se compromete a actuar ante esta crisis mundial de criminalización, violencia e impunidad que sufren los pueblos indígenas, mediante el aumento de la concienciación global y el incremento del llamamiento a la justicia", concluyó Carling.