La organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) expresa su profunda preocupación por la escalada de los brutales ataques contra los pueblos indígenas de Filipinas en el marco de la pandemia de COVID-19. Condena enérgicamente la serie de ataques contra comunidades de pueblos indígenas en Filipinas que han afectado a 659 familias aeta, han matado a una mujer manobo y han destruido una escuela lumad en sólo una semana.

Bombardeo en una comunidad aeta en Zambales

El 21 de agosto, miembros de la 7ª División de Infantería del ejército filipino lanzaron presuntamente bombas sobre comunidades aeta, en la parte montañosa de Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Las organizaciones locales de campesinas y campesinos y pueblos indígenas informaron de que los soldados acosaron, agredieron físicamente y obligaron a las y los miembros de la comunidad aeta a marcharse tras el incidente del bombardeo.

Según un informe de Umahon para sa Repormang Agraryo – Gitnang Luzon (Levantamiento para la Reforma Agraria – Luzón Central), tres residentes del pueblo aeta –Witi Ramos, Jepoy Ramos y Nalin Ramos– fueron agredidos físicamente y detenidos. Al parecer, Nalin Ramos fue obligado a comer las heces de uno de los soldados. Sin embargo, los militares negaron haber cometido agresiones físicas y acusaron a los tres residentes aeta de ser miembros del Nuevo Ejército del Pueblo.

El informe añadía que el ejército ha estado obligando a la población aeta a evacuar sus tierras ancestrales para dar paso a las exploraciones mineras de Dizon Copper-Silver Mines; sin embargo, las y los residentes, en particular la familia Ramos, se oponen al proyecto y se niegan a marcharse porque saben que el proyecto destruirá el medioambiente y sus tierras ancestrales.

Asesinato de una lideresa manobo

El 23 de agosto, la lideresa manobo y firme defensora de las tierras ancestrales, Bae Merlin Ansabo Celis, fue asesinada a tiros y desfigurada por cuatro asaltantes desconocidos en Magpet Town, Cotabato del Norte.

Celis era miembro de la Asociación de Agricultores Lumadnong Panaghiusa de Tagaytay y defendió con valentía la protección de la cultura y del dominio ancestral de los pueblos indígenas en su aldea frente a las continuas talas ilegales y destructivos proyectos de infraestructura.

Según los informes, fue asesinada a tiros mientras caminaba con su hija embarazada de camino a su granja. Tras dispararle, los asaltantes le cortaron brutalmente el cuello y le sacaron los ojos con un machete.

Demolición de una escuela lumad en Bukidnon

El 26 de agosto, la Academia de la Mindanao Interfaith Services Foundation Inc (MISFI) en Sitio Laburon, Barangay Matupe, ciudad de San Fernando, en Bukidnon, fue destruida por 50 hombres armados del grupo paramilitar Bagani, según informes de la Red Save Our Schools (SOS), una red de personas defensoras de los derechos de las niñas y niños que trabaja para hacer frente a la violación de los derechos de la infancia a la educación en el contexto de militarización y ataques a escuelas.

El informe de la Red SOS añade que testigos vieron a hombres armados arrancando los libros de texto y destruyendo dos edificios escolares y la sede del profesorado, que fueron construidos en 2007 gracias a la ayuda de la Unión Europea y de SFO-Overpelt de Bélgica.

Según la Red SOS, los paramilitares de Bagani están bajo el mando de la Compañía Bravo del 89º Batallón de Infantería, que está acampada en Barangay Kalagangan, San Fernando, a 30 minutos a pie de la escuela.

“Estamos enfurecidas y enfurecidos por esta serie de ataques contra los pueblos indígenas de Filipinas. Estas incesantes violaciones de los derechos humanos, incluidos los asesinatos, la criminalización, el acoso y la destrucción de las propiedades de los pueblos indígenas, deben terminar”.

“Consideramos que estos actos de barbarie, discriminación y grave violación de los derechos humanos no son incidentes aislados, sino acciones concertadas destinadas a silenciar, mediante el miedo, la intimidación y las amenazas, las legítimas luchas de las comunidades de pueblos indígenas para defender sus tierras ancestrales, sus territorios y su modo de vida", afirma la codirectora de IPRI, Joan Carling.

"Las leyes que protegen los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en Filipinas se violan sistemáticamente, como confirma el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado en junio de este año", añade.

La ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y codirectora de IPRI, Victoria-Tauli Corpuz, también subraya el deber del gobierno nacional de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

"El gobierno filipino debe cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Debe proteger los derechos de los pueblos indígenas y hacer que los violadores de estos derechos rindan cuentas. El gobierno debe investigar e identificar a los autores y llevarlos ante la justicia. La cultura de la impunidad continuará en Filipinas si los autores quedan impunes incluso después de cometer atroces violaciones de derechos humanos", afirma Corpuz.

IPRI apoya sin reservas las recomendaciones de la ACNUDH de las Naciones Unidas para que el gobierno filipino aplique plenamente la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y garantice el respeto del principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas y el reconocimiento del derecho a una educación de calidad de las niñas y niños de los pueblos indígenas.

IPRI hace un llamamiento al gobierno filipino para que aplique medidas que respeten, protejan y cumplan sus obligaciones de defender los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

Por último, IPRI se une a otras organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas para pedir al Consejo de Derechos Humanos que establezca inmediatamente un órgano independiente que lleve a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas y transparentes sobre todos los asesinatos y presuntas violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), con el fin de procesar a los autores y proporcionar recursos a las víctimas y sus familias.