Entre enero y julio de 2020 se documentaron más de 200 incidentes de violaciones de derechos humanos en 23 países

Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organización indígena mundial que defiende los derechos de los pueblos indígenas, dio la voz de alarma ante la creciente tendencia mundial a la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas en varios países durante el confinamiento debido a la COVID-19 y la aplicación de otras medidas represivas.

En su informe especial de mitad de año sobre la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas, IPRI informó que del 1 de enero al 31 de julio de 2020 se documentaron 202 incidentes de violaciones de derechos humanos en 23 países de todo el mundo.

Entre estos países se encuentran Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Democrática del Congo, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, México, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Tailandia y Estados Unidos de América. Muchos de estos Estados están aplicando medidas restrictivas y las utilizan para sacar provecho de la pandemia para atacar a los líderes y lideresas y a las comunidades indígenas, y para apoderarse de sus tierras y recursos.

Esta criminalización y violencia se clasificaron en cuatro tipos: violaciones de los derechos y libertades fundamentales (derechos civiles y políticos); asesinatos; violaciones de los derechos económicos y socioculturales y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; y violencia de género. Las violaciones de los derechos civiles y políticos incluían casos de cargos inventados, secuestros, arrestos y detenciones ilegales, entre otros; mientras que las violaciones de los derechos económicos y socioculturales incluían violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra, los territorios y los recursos, los medios de vida, la vivienda, la cultura y la autodeterminación.

Más de la mitad, es decir, 110 de los 202 incidentes documentados, se corresponden a la criminalización de los pueblos indígenas o a la violación de los derechos civiles y políticos. Entre los 23 países, Filipinas tiene el mayor número de incidentes documentados, con 32, que afectaron a 125 personas, tres comunidades y seis pueblos. Otros países con un alto número de incidentes de criminalización son Bangladesh y Canadá, con 13 y 8, respectivamente.

El informe también hizo un seguimiento de 83 casos de asesinatos. Sesenta de estos incidentes se registraron en Colombia. De forma alarmante, los asesinatos de indígenas en Colombia entre enero y julio de 2020 ya han superado el récord de 2019, convirtiéndose en las cifras más altas de la historia del país. Las víctimas eran conocidas y conocidos activistas que luchaban por el derecho a la tierra. Otros países que registraron asesinatos fueron Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Indonesia, México, Myanmar, Nepal, Nicaragua y Perú.

También se registraron 16 casos de violaciones de los derechos colectivos y de los derechos económicos y socioculturales de pueblos indígenas. Los casos se produjeron principalmente en Bangladesh y Filipinas, con cuatro incidentes cada uno, ambos relacionados con el acaparamiento de tierras y el desplazamiento. Los ataques en Bangladesh afectaron a 5000 personas y tres comunidades, mientras que en Filipinas se vieron afectadas 700 personas, 937 familias y una aldea. Hubo casos similares en otros países, pero no estaban debidamente documentados. Otros casos incluyen el desmantelamiento e incendio de aldeas indígenas en bosques y parques nacionales.

Se siguieron tres incidentes de violencia de género en Colombia y Paraguay. Dos de estos casos afectan a menores. En Colombia, una activista indígena y una niña de 13 años fueron víctimas de violencia de género. La mujer recibió amenazas de muerte y de violación, mientras que la niña fue violada por siete soldados. En Paraguay, una niña de 12 años fue violada por un hombre de 26 años.

Aparte de estos casos, también se hizo un seguimiento de mujeres y niñas que fueron detenidas y encarceladas ilegalmente en Nepal, Canadá e Indonesia; agredidas físicamente en Nicaragua; y asesinadas en Tailandia.

Si bien el número de casos de violencia de género monitoreados es bajo, IPRI es consciente de la realidad de las mujeres y niñas indígenas en el terreno, que muchas de ellas no pueden denunciar los casos de violencia a las autoridades por falta de acceso a la justicia y por la cultura de estigmatización imperante.

En su informe, IPRI señala que, si bien la actual crisis de la COVID-19 plantea multitud de problemas de salud para muchas comunidades indígenas a nivel mundial, también ha puesto de manifiesto la intensificación de la impunidad contra los pueblos indígenas en el marco de las medidas de respuesta a la pandemia por parte de los Estados.

En el informe también se señala que, a medida que la pandemia se traduce en una recesión económica, las políticas y los objetivos de recuperación económica aumentan las amenazas y la vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas ante el acaparamiento de tierras y la extracción de recursos de sus territorios, y ante la represión y la criminalización cuando defienden y protegen sus derechos colectivos y su bienestar.

Estas amenazas están presentes en Indonesia, India, Canadá y Perú, donde se imponen políticas relacionadas con la minería del carbón. El informe también sugiere cómo los gobiernos represivos y las corporaciones empresariales se aprovecharon de la pandemia para aplicar medidas represivas que recortan aún más los derechos indígenas.

La codirectora de IPRI y Exrelatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, dijo que la criminalización es un elemento común que observó a lo largo de los seis años en que desempeñó su labor.

De hecho, Tauli-Corpuz ya destacó anteriormente la correlación entre el aumento de la violencia, el acoso y la criminalización de los pueblos indígenas con los agresivos esfuerzos de los Estados y las empresas por apoderarse de las tierras que tradicionalmente han pertenecido a los pueblos indígenas para extraer sus recursos.

Joan Carling, codirectora de IPRI y coorganizadora del Indigenous Peoples' Major Group (IPMG) for Sustainable Development, hace un llamamiento a los Estados para impedir que se produzcan nuevos ataques y se criminalice a los pueblos indígenas, y para que, en su lugar, se aborden los impactos de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas. También hace un llamamiento a las organizaciones de los pueblos indígenas y a sus aliados a nivel local, nacional y regional para que refuercen las campañas de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas con el fin de ampliar el llamamiento a la justicia y exigir el fin de la impunidad