Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) se solidariza con las y los lumad y con todos los pueblos indígenas, que están continuamente sometidos a la criminalización, asesinatos y ataques incesantes en Filipinas.
El incidente más reciente se produjo el 15 de febrero de 2021, cuando las autoridades policiales hicieron una redada en la universidad de San Carlos, en Cebú, y detuvieron a 26 personas, entre ellas a 19 menores. Las y los 19 menores lumad siguen bajo custodia de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), mientras que las otras siete personas -tres estudiantes lumad, dos líderes lumad y dos profesores voluntarios de escuelas lumad- están detenidas y acusadas de secuestro y de graves delitos de detención ilegal. La policía afirma que las niñas y niños que detuvieron recibieron "algún tipo de entrenamiento bélico". Esta afirmación fue desmentida por los propios niños y niñas, y confirmada por el Departamento de Asistencia y Desarrollo Social (DSWD), desde donde se dijo que estos niños y niñas estaban aprendiendo a leer y escribir. Las escuelas lumad llevan mucho tiempo siendo atacadas y amenazadas sobre la base de los informes infundados del Estado, que vincula las escuelas con grupos terroristas.
Este incidente fue precedido por una serie de criminalizaciones y ataques variados contra los pueblos indígenas de Filipinas. En menos de dos meses, hemos podido ver cómo los ataques perpetrados por el Estado contra los pueblos indígenas se han traducido en asesinatos y detenciones de más de 50 personas indígenas en el país.
Cabe recordar que el 30 de diciembre de 2020 nueve personas indígenas tumandok fueron asesinadas y otras 16 fueron detenidas en una operación llevada a cabo por un contingente conjunto de la PNP y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) en las comunidades tumandok de Iloilo. Las personas muertas y detenidas eran dirigentes y miembros de la organización Tumanduk, una alianza de 17 comunidades de pueblos indígenas de las provincias de Capiz e Iloilo. Eran conocidos líderes indígenas en sus respectivos barangays que se oponían a la militarización y a las violaciones de derechos en sus comunidades y participaban activamente en la lucha contra el acaparamiento de tierras y la construcción de la megapresa de Jalaur en Calinog, Iloilo.
La lideresa y el líder indígenas Betty Belen y Windel Bolinget y su organización, la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (CPA por sus siglas en inglés), también han sido objeto de varios ataques. Belen fue detenida en su comunidad el 25 de octubre de 2020, en una redada realizada a primera hora de la mañana por elementos conjuntos de la PNP, el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG por sus siglas en inglés) y las AFP. Fue acusada de posesión ilegal de armas de fuego. Su caso fue desestimado el 11 de febrero de 2021 por falta de base legal de la orden de registro que condujo a su detención. Bolinget, por su parte, se enfrenta actualmente a cargos por un presunto asesinato ocurrido en Davao del Norte (sur de Filipinas), un lugar que no ha visitado en su vida.
En Zambales cuatro personas indígenas aetas fueron igualmente detenidas el 21 de agosto de 2020, y actualmente se enfrentan a cargos. Dos son menores de edad y mujeres, los otros dos son varones y son las primeras personas acusadas en virtud de la Ley Antiterrorista. Antes de ser entregados por las AFP a las autoridades judiciales, los dos varones fueron torturados durante varios días.
Denunciamos los aparentemente incesantes ataques contra los pueblos indígenas, especialmente en un momento tan difícil en el que el pueblo filipino, sobre todo en los sectores más marginados como los pueblos indígenas, está lidiando con los impactos de la pandemia de la COVID-19 y está sumido en el encierro más prolongado del mundo. Estos ataques son obviamente inventados y puestos en marcha como parte del programa antiinsurgente del gobierno. Desgraciadamente, las poblaciones indígenas se encuentran entre las más afectadas por los ataques del Estado.
Instamos al gobierno filipino a que se mantenga fiel a su obligación de proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas, como ha manifestado al reafirmar su compromiso de aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), su Constitución y su legislación nacional. Les instamos también a que retiren inmediatamente los cargos falsos contra las personas indígenas detenidas. Debe iniciarse inmediatamente una investigación independiente para determinar la responsabilidad y culpabilidad. Hay que poner fin a estos ataques, ¡AHORA!
Nos mantenemos firmes en el apoyo al movimiento de los pueblos indígenas de Filipinas, que prosiguen en su valiente defensa del derecho a sus tierras, territorios y recursos ancestrales; a la autodeterminación; y al acceso a una educación de calidad.
Hacemos un llamamiento a todos los movimientos de pueblos indígenas alrededor del mundo para unirse e intensificar los llamados a la justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad.