El 9 de marzo de 2020, seis miembros de la comunidad indígena Dayak fueron absueltos de los cargos penales relacionados con su práctica del berladang, un sistema de agricultura tradicional de barbecho practicado por los pueblos indígenas de Indonesia. Se les culpó de provocar karhutla, el término indonesio para referirse a los incendios de tierras y bosques. Al comienzo del juicio, el Tribunal del Distrito de Sintang fue testigo de una protesta pacífica y una gran muestra de solidaridad, ya que cientos de indígenas dayak se presentaron en apoyo de los seis agricultores. Llegaron ataviados con sus ropas tradicionales e inmediatamente convirtieron la fachada del Tribunal en un mar de tapices rojos.
Con motivo de su absolución, la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), la única organización indígena del país a nivel nacional, se apresuró en manifestar su gratitud a las y los abogados que representaron a los campesinos ante el tribunal. AMAN se mostró igualmente agradecida por la acertada decisión del Tribunal del Distrito de Sintang, que defendió el derecho de la comunidad dayak a practicar su ocupación tradicional.
Pero la victoria de los seis agricultores resultó ser una anomalía. El 25 de noviembre de 2019, dos agricultores del distrito de Kotawaringin Occidental, en Kalimantan Central, fueron procesados en el Tribunal del Distrito de Pangkalanbun por un asunto similar. Ellos también fueron acusados por causar karhutla. Pero, a diferencia de los seis agricultores, fueron declarados culpables y condenados a cinco meses de cárcel. Se los acusó de infringir varias leyes, a saber, el artículo 108 de la Ley de Protección y Gestión del Mediambiente de 2009, el artículo 78 de la Ley de Prevención y Erradicación de la Destrucción de los Bosques de 2013, el artículo 187, parte 1, del Código Penal de Indonesia y, por último, el artículo 188 de la Ley Penal.
El artículo 62 de la Ley de Protección y Gestión del Mediambiente de 2009 "permite a las comunidades indígenas llevar a cabo cultivos de tala y quema en una superficie máxima de 2 hectáreas por familia para plantar variedades de cultivos locales y construyendo una zanja para evitar la propagación del fuego". Sin embargo, esta cláusula no protege a los pueblos indígenas y a los pequeños propietarios de ser detenidos y procesados por practicar el berladang.
El enfoque nacional de Indonesia para controlar los incendios forestales
En 2016, la plataforma de noticias ambientales Mongabay mencionaba a 454 personas detenidas en relación con el incendio forestal que se extendió por Sumatra y Kalimantan. Esa cifra aumentó a finales de año, lo que hizo que el recuento fuera significativamente mayor en comparación con el año anterior, cuando Indonesia registró su peor crisis de niebla tóxica de la historia reciente. La niebla de 2015 alteró la calidad del aire provocando graves riesgos para la salud que incluso afectaron a los países vecinos de Indonesia, en particular Malasia y Singapur.
En el artículo de Mongabay se señalaba que un oficial de policía afirmaba que "no había pruebas suficientes para demostrar que las empresas eran culpables de provocar los incendios". Sin embargo, perseguir a cientos de agricultores y pequeños propietarios indígenas que practican el berladang no parecía plantearles ningún problema.
La niebla de 2015 se repitió en 2019, lo que llevó a los ministerios de Indonesia a culparse mutuamente, e incluso a sugerir la intervención divina. Pero en realidad existen unas carencias mucho más mundanas que podrían abordarse con medidas más prácticas. Activistas y personas expertas han venido señalando "la ineficacia en la aplicación de las multas a las empresas declaradas culpables en los tribunales de provocar incendios; la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales responsables de los distintos aspectos de la prevención y mitigación de incendios; y la falta de transparencia sobre un programa gubernamental para recuperar las turberas degradadas en todo el país”.
En uno de sus boletines de 2018, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) señaló que el desarrollo de las plantaciones de aceite de palma de Kotawaringin Barat y de la municipalidad de Kotawaringin Timur en Kalimantan Central coincidió con los incendios forestales registrados en 1992. El WRM especificó tres factores principales interconectados en el empeoramiento de la karhutla y la niebla cada año, "a saber, 1) la deforestación y la degradación de la tierra debido a la tala, 2) la expansión incontrolada de las plantaciones de palma aceitera y 3) el control de las corporaciones sobre una superficie de tierra en expansión".
Se ha documentado que la mayoría de estos karhutla se iniciaron en el marco de las concesiones a grandes empresas. Pero estas empresas rara vez son investigadas de cerca, y mucho menos procesadas. El WRM se hizo eco de la reveladora conclusión de una investigación realizada en 2015 por un profesor del Departamento Forestal del Instituto de Agricultura de Bogor. "[E]n 2015, muchas empresas emplearon a la población local para limpiar la tierra utilizando el fuego. Las empresas utilizan a estas personas como 'escudo humano' para evitar las consecuencias legales del uso del fuego para desbrozar la tierra y el bosque”. Ilustró el "intento sistemático de presentar el crimen corporativo como un crimen individual echando la culpa a las comunidades indígenas o locales”.
El objetivo de incriminar a los agricultores y pequeños propietarios indígenas de los karhutla en Indonesia no es un fenómeno aislado. En su artículo de 2016, “No fire, no food: tribe clings to slash-and-burn amid haze crackdown” (Sin fuego no hay comida: una tribu se aferra a la tala y quema en medio de las medidas contra la niebla), Cory Rogers, de Mongabay, citaba a un jefe de aldea de Kalimantan Occidental. "Durante cientos de años hemos quemado ladang . Antes no teníamos problemas de niebla, y ahora dicen que los agricultores son los responsables. Eso es falso. Los pueblos indígenas no son los causantes de la niebla en la república, y no podemos dejar que se conviertan en el chivo expiatorio de la misma".
El enfoque general del presidente Jokowi Widodo de prohibir la quema, incluido el berladang, hizo que los agricultores y pequeños propietarios indígenas fueran más vulnerables a la persecución y la detención. Su directiva revela una falta de comprensión hacia una práctica agrícola indígena que existe desde hace siglos. Además, pasa por alto otras causas subyacentes del karhutla, como el empobrecimiento de las aldeas, que se planteó en un estudio multiescalar de 2019 titulado Causes of Indonesia’s forest fires (Causas de los incendios forestales en Indonesia), y la aparente consecuencia de la crisis alimentaria, algo que también destacaba el artículo de Rogers.
La reciente afirmación del presidente sobre el éxito en la reducción de los incendios forestales en medio de la pandemia de COVID-19 vuelve a centrarse en el uso de las lluvias artificiales y la tecnología de modificación del tiempo para controlar los focos de incendio. Asimismo, destacó que el 99% de los incendios son causados por actividades humanas. Sin embargo, no está claro si existe algún tipo de discernimiento entre los realizados por empresas y los practicados por individuos de comunidades indígenas. O si hay algún intento de reconocer las deficiencias en su enfoque para prevenir y gestionar los karhutla que activistas y expertos llevan tiempo señalando.
El ambiguo reconocimiento de los derechos indígenas en Indonesia
Los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural están estipulados en los artículos 18-b y 28-I, respectivamente, de la Constitución de Indonesia. Varios otros marcos legales, a saber, Ley nº 5/1960 de Regulación Agraria Básica, Ley nº 39/1999 de Derechos Humanos y Decreto del MPR nº X/2001 de Reforma Agraria, Ley nº 27/2007 de Gestión de Costas e Islas Pequeñas y Ley nº 32/2010 de Medioambiente, tienen cláusulas que reconocen implícitamente algunos de sus derechos indígenas. Además, en mayo de 2013, el Tribunal Constitucional estableció el derecho de los pueblos indígenas a sus bosques consuetudinarios cuando AMAN presentó un caso ante el tribunal para aclarar la situación de los bosques consuetudinarios en relación con los bosques públicos controlados y gestionados por los Estados. Pero estos avances institucionales con respecto a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas no siempre son reconocidos por el gobierno. En los foros internacionales, el gobierno se mantiene firme en su opinión de que todas las personas de Indonesia pertenecen a pueblos indígenas, a excepción de aquellas de etnia china. Para los funcionarios del gobierno, los derechos de los pueblos indígenas estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) corresponden a cada uno de sus integrantes. Sin embargo, en el ámbito nacional, cada ministerio, a pesar de utilizar diversos términos como Masyarakat Hukum Adat, Komunitas Adat Terpencil, etc. para referirse a los pueblos indígenas, sabe muy bien que estos términos no se aplican a todos los indonesios. Esta percepción ambigua afecta a la formulación y aplicación de políticas y programas específicos para captar adecuadamente las particularidades, condiciones, necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas como grupos distintos con un colectivo inherente respecto al resto de la población nacional.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ya planteó su preocupación por el reconocimiento de los derechos indígenas por parte de Indonesia. "El Comité observa que el Estado Parte reconoce la existencia de pueblos indígenas en su territorio, aunque utiliza varios términos para designarlos. Le preocupa, sin embargo, que en la legislación interna se reconozca a estos pueblos 'mientras sigan existiendo', sin que existan salvaguardias adecuadas que garanticen el respeto al principio fundamental de autoidentificación en la determinación de los pueblos indígenas." También planteó la preocupación de que, "en la práctica, los derechos de los pueblos indígenas se han visto comprometidos, debido a las interpretaciones adoptadas por el Estado Parte del interés nacional, la modernización y el desarrollo económico y social”. Asimismo, en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal en 2017, Indonesia se limitó a señalar la recomendación referente a "[e]valuar el establecimiento de mecanismos que permitan garantizar a los pueblos indígenas el derecho a sus tierras ancestrales”.
Los últimos acontecimientos añaden más amenazas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas
El Proyecto de Ley Ómnibus de Inversiones es la última decepción para la administración del presidente Widodo. El Proyecto de Ley, que está previsto que introduzca 1200 enmiendas en al menos 80 leyes existentes, amenaza a los pueblos indígenas, ya que se espera que desencadene más conflictos relacionados con las tierras y los recursos. Hans Nicholas Jong, de Mongabay, señaló algunos de los cambios propuestos especialmente alarmantes. Entre ellos, "la supresión de las evaluaciones de impacto ambiental y de los permisos ambientales como requisitos previos a la concesión de permisos empresariales para diversos tipos de proyectos, la posible eliminación de los cargos penales para las empresas que violen la normativa ambiental, la privación de las comunidades indígenas de la posibilidad de opinar sobre los proyectos que les afecten y la redistribución de las zonas forestales, que permitiría a las plantaciones y minas ilegales blanquear sus operaciones".
El Proyecto de Ley pretende crear puestos de trabajo e impulsar la economía y la inversión en Indonesia. Pero las Parlamentarias y Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos señalaron la falta de garantías de que los cambios propuestos respeten las normas internacionales de derechos humanos. Para AMAN, la violencia y los conflictos que han sufrido los pueblos indígenas mucho antes de la amenaza del Proyecto de Ley Ómnibus son suficientes para levantar las alarmas. Se oponen firmemente a la aprobación de este Proyecto de Ley. No obstante, el presidente ha ignorado el proyecto de ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya aprobación viene reclamando AMAN desde 2013.
Durante su primer mandato como presidente en 2014, Widodo prometió a AMAN que facilitaría la adopción de un proyecto de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero eso nunca ocurrió. Ha habido una fuerte oposición por parte de la élite gobernante, incluyendo funcionarios clave del partido político de Widodo. Al ganar la presidencia, amplió las posibilidades de la democracia en Indonesia. Además, durante su primer mandato se comprometió de forma constructiva con líderes y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, su potencial para realizar fuertes cambios en las políticas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas nunca llegó a materializarse. A diferencia de 2014, AMAN no manifestó su apoyo a su reelección en 2019.
En la actualidad, tres cuartas partes de los escaños del Parlamento pertenecen a la coalición gobernante del presidente Widodo. Esto habría hecho muy probable la aprobación de cualquier proyecto de ley sin oposición. Pero basándose en sus acciones anteriores, no sería sorprendente que el Proyecto de Ley Omnibus se convierta en ley y que el Proyecto de Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas caiga en el olvido. De ser así, cualquier esperanza depositada en el presidente Widodo para transformar el gobierno de Indonesia en una institución más democrática, responsable y que rinda cuentas se esfumaría. Los pueblos indígenas están a la espera de que sus derechos, en particular la reivindicación de sus derechos colectivos sobre sus tierras y territorios, sufran mayores embates.
[IPRI agradece a Monica Ndoen su contribución a este artículo.]