Alrededor de 1500 niñas y niños y jóvenes indígenas lumad se vieron privadas y privados de su derecho a la educación cuando el Departamento de Educación (DepEd) ordenó el cierre de 55 escuelas lumad en septiembre de 2020. El DepEd actuó siguiendo la recomendación del vicepresidente del Grupo Nacional de Trabajo del gobierno, Hermogenes Esperon Jr., para poner fin a los conflictos armados comunistas locales.
Esperon, jefe retirado de las Fuerzas Armadas de Filipinas y actual Asesor de Seguridad Nacional del país, afirmó que a las y los estudiantes se les enseñan ideologías de izquierda y se les entrena para ser niñas y niños guerreros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP). "Como parte de su proceso de adoctrinamiento, se les enseña un himno nacional diferente y se les obliga a representar obras de teatro sobre la tortura de los pueblos indígenas. Para enseñarles a luchar contra el gobierno, les enseñan a sobrevivir durante los enfrentamientos, tender emboscadas a las fuerzas gubernamentales, utilizar armas de fuego, reclutar a otros niños en la lucha contra el gobierno y realizar mítines antigubernamentales" , explicó Esperon.
La secretaria del Departamento de Educación, Leonor Briones, insistió en que la razón principal de la decisión no se debió a lo afirmado por Esperon, sino al incumplimiento de los requisitos del Departamento por parte del Centro Comunitario de Aprendizaje de Salugpungan Ta'Tanu Igkanogon (o Salugpungan), la organización que supervisa las escuelas lumad. Sin embargo, Briones reconoció que la investigación realizada por su oficina reveló que las afirmaciones de Esperon no eran infundadas. Dijo: "Tenemos conocimiento basado en nuestra investigación y en nuestra gente, con quienes hemos hablado personalmente, y hemos verificado oficialmente algunas de las conclusiones iniciales a las que se llegó [es decir, el Grupo Nacional de Trabajo]" .
Durante una conferencia de prensa en julio de 2020, en la cual Briones explicó la decisión de su oficina de suspender las 55 escuelas lumad, lo que finalmente condujo al cierre de las escuelas, aseguró que la decisión no causaría ninguna interrupción en el aprendizaje de las y los estudiantes. "Tenemos escuelas públicas cercanas y les hemos pedido que acepten a estas alumnas y alumnos y que renuncien a los requisitos en materia de documentación para garantizar que su educación continúe" , dijo. Queda por ver hasta qué punto se mantiene su garantía, en vista de la capacidad de las "escuelas públicas cercanas”, para de verdad atender las necesidades de las y los alumnos de las 55 escuelas lumad y proporcionar la misma calidad de educación que las escuelas que Briones ordenó cerrar.
Colectivos de derechos humanos y organizaciones lumad condenaron la decisión del Departamento de Educación y cuestionaron las pesquisas de su equipo de investigación. Afirmaron que dicho equipo no visitó las escuelas y no dio a Salugpongan la oportunidad de responder a las acusaciones.
La Comisión Filipina de Derechos Humanos expresó la misma preocupación que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones lumad. Pidió al Departamento de Educación que reconsiderara su decisión de cerrar las escuelas lumad y recomendó que buscaran un diálogo abierto con las comunidades lumad. La comisión también reiteró que las acusaciones de que las escuelas lumad son un caldo de cultivo para rebeldes deben ser investigadas por los canales adecuados y someterse al debido proceso. Además, recordó la responsabilidad del gobierno de respetar la Ley de la República No. 11188 o Ley de Protección Especial de Niñas y Niños en Situación de Conflicto Armado, que establece que las niñas y niños deben ser protegidos de toda forma de abuso y violencia sin comprometer sus otros derechos, en este caso, el derecho de las niñas y niños indígenas a la educación.
Repercusiones y consecuencias relacionadas
El derecho a la educación es valioso para la realización de otros derechos. Por lo tanto, la negación de este derecho por parte del gobierno es comparable a negar a las niñas y niños y jóvenes lumad la oportunidad de aprender más sobre su cultura y su entorno, así como la forma de preservarlos y defenderlos. Además, la decisión del Departamento de Educación de cerrar las escuelas que atienden al contexto educativo y social lumad niega a las comunidades lumad su derecho a la autodeterminación, así como niega sus propias órdenes departamentales nº 62, s. 2011, titulada Adopción del Marco Nacional de Políticas de Educación de los Pueblos Indígenas (IPEd), y nº 32, s. 2015, titulada Adopción del Marco Curricular de Educación de los Pueblos Indígenas.
Los profesores y profesoras voluntarios de las escuelas lumad compartieron en una plataforma online que su jornada está repleta de actividades típicas como en cualquier otra escuela, pero con especial atención a las luchas indígenas, el folclore, la música y los juegos. Imparten clases formales de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Valores, Estudios Sociales, Filipino e Historia, y también integran en el plan de estudios agricultura, costura y carpintería. "Nuestro plan de estudios se basa en las directrices de educación indígena K to 12 del Departamento de Educación y está diseñado para ser crítico y tener un enfoque adaptado a las particularidades de su cultura", aclaró una profesora.
Las escuelas lumad, como la de Salugpongan, fueron construidas por la propia comunidad lumad dentro de sus tierras ancestrales con la ayuda de otras organizaciones. Estas escuelas contribuyen a paliar el fracaso del gobierno a la hora de proporcionar escuelas en las áreas remotas donde residen la mayoría de las comunidades lumad.
Desde Save Our Schools (SOS / Salvemos Nuestras Escuelas), una red de defensoras y defensores de los derechos de las niñas y niños, comentaron que Salugpongan es sólo una de las 12 organizaciones de Mindanao que ofrecen escuelas a estas niñas y niños. Las 55 escuelas lumad no fueron las únicas que se vieron obligadas a interrumpir su funcionamiento. El registro de la red SOS muestra que un total de 153 escuelas se vieron obligadas a cerrar debido al aumento de la militarización en la isla, afectando a un total de 4000 niñas y niños y jóvenes indígenas. Además, estas organizaciones, como Misioneros Rurales de Filipinas - Subregión de Mindanao del Norte (RMP-NMR), que administra 15 escuelas lumad, están siendo vilipendiadas a través de acusaciones similares de tener una inclinación comunista y relaciones con el NPA. Estas acusaciones, a menudo formuladas sin el debido proceso y sin una investigación adecuada, ponen en peligro la seguridad de las organizaciones a la hora de dar apoyo a las comunidades.
La incapacidad del gobierno para garantizar que los niños y niñas y jóvenes lumad estudien en paz contribuye en la actualidad a los bajos niveles de alfabetización de las y los indígenas lumad, lo que agrava más aún su vulnerabilidad y marginación. Se calcula que 9 de cada 10 niños y niñas lumad no tienen acceso a la educación.
Una agonía continua
Incluso bajo el mandato del expresidente Benigno Aquino III, las escuelas lumad sufrieron asesinatos y ataques por parte de paramilitares presuntamente vinculados al ejército gubernamental. Esta situación empeoró cuando el actual presidente Rodrigo Duterte dio la espalda a su discurso de apoyo a los pueblos indígenas durante su campaña y al inicio de su gobierno en 2016.
Apenas un año después de asumir el cargo, amenazó con bombardear las escuelas lumad.
“Umalis kayo diyan. Sabihin ko diyan sa mga Lumad ngayon, umalis kayo diyan. Bobombahan ko 'yan. Isali ko 'yang mga istruktura ninyo”, dijo. [Traducción: Váyanse. Les digo a quienes están en las escuelas lumad ahora que se vayan. Bombardearé allá. Incluiré sus estructuras]. "Usaré las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea de Filipinas. Talagang bobombahan ko 'yung mga... lahat ng ano ninyo. [Traducción: lo bombardearé todo, de verdad]. Porque están ustedes operando ilegalmente y están enseñando a los niños y niñas a rebelarse contra el gobierno", añadió.
La opinión del presidente es parecida a la de Esperon, a quien nombró asesor de seguridad del país en la primera etapa de su administración.
En 2017, se declaró la ley marcial en la isla de Mindanao, donde se ubican estas escuelas lumad. La declaración de la ley marcial fue una respuesta al asedio de la ciudad de Marawi por parte de un grupo que decía operar bajo la bandera del ISIS. Pero, a pesar de que la ciudad fue liberada del grupo terrorista en octubre de 2017, la ley marcial se prolongó hasta finales de 2019. El presidente afirmó que la rebelión de otros grupos terroristas como el NPA, entre otros, amenazan la seguridad pública de Mindanao. Declaró que la prórroga "permitirá a las AFP (Fuerzas Armadas de Filipinas), a la PNP (Policía Nacional de Filipinas) y a todos los demás organismos encargados de hacer cumplir la ley poner finalmente fin a la rebelión en curso en Mindanao, y seguir impidiendo que la misma se intensifique en otras partes del país.”
Pero en lugar de garantizar la seguridad, la ley marcial puso en peligro no sólo a las escuelas, sino también la vida de la población lumad que vive en la isla. Según la red SOS, antes de la declaración de la ley marcial se habían producido 87 ataques a las comunidades lumad, incluidas sus escuelas. Estos ataques aumentaron a 584 después de que la isla se sometiera a la ley marcial.
Los datos de la red SOS abarcan desde el 1 de julio de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017 para el periodo anterior a la ley marcial, mientras que el periodo posterior a la ley marcial abarca desde el 23 de mayo de 2017 hasta octubre de 2019.
También documentaron el número de víctimas para cada incidente. Sus datos muestran que el número de víctimas en la mayoría de los incidentes aumentó significativamente tras la declaración de la ley marcial.
La ley marcial y el aumento de la militarización en Mindanao no auguran un futuro esperanzador para las niñas y niños, jóvenes y el resto de miembros de las comunidades lumad. El cierre de las escuelas lumad es sólo uno de los indicadores de la incapacidad de la actual administración para cumplir con su responsabilidad de promover y proteger los derechos de sus indígenas lumad.
[IPRI agradece a Rose Hayayay por su ayuda en este artículo.]