Aproximadamente el 20% del territorio de la Tierra son tierras indígenas. Esas tierras son el hogar de unos 476 millones de personas indígenas en todo el mundo, en más de 90 países. Las tierras y territorios indígenas son el núcleo de su cultura, espiritualidad e identidad. Para estas personas, la tierra es la vida.
En todo el mundo, las y los indígenas arriesgan sus vidas y libertades para proteger sus tierras y territorios. Como resultado, son objeto de múltiples actos de violencia y ataques –que van desde la criminalización, el acoso y la militarización hasta el acaparamiento de sus tierras, las detenciones arbitrarias y los asesinatos. La criminalización de los pueblos indígenas está aumentando a un ritmo alarmante. Para definir claramente el término, la criminalización es el uso indebido de las leyes penales que implica la manipulación del poder punitivo del Estado y de los actores no estatales. Se hace para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. El resultado es un daño significativo, y muchas veces irreparable, tanto para las personas como para los pueblos indígenas. Los casos de criminalización incluyen la presentación de cargos inventados de terrorismo, asesinato, allanamiento, robo o tala ilegal, y la difamación de personas defensoras de los derechos.
Al igual que ocurre con los asesinatos, la criminalización suele ir precedida de amenazas y ataques destinados a infundir miedo o a deslegitimar los esfuerzos por defender los derechos. Varios casos de criminalización y asesinato de personas indígenas apuntan a un vínculo con la defensa de sus tierras y recursos contra la minería, la agroindustria, los proyectos energéticos y otras industrias extractivas. Asimismo, los Estados utilizan a los militares y a los grupos paramilitares para “eliminar” cualquier resistencia de los pueblos indígenas de esas zonas y para facilitar las operaciones sin obstáculos de las empresas que reciben contratos del gobierno.
Y lo que es peor, mientras el mundo se enfrenta a los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, se producen aún más arrestos y detenciones de personas indígenas.
El informe anual sobre criminalización de 2021 de la Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI) señaló que, en medio de la pandemia, los agentes estatales, en colaboración con las empresas, intensificaron los asesinatos y la criminalización de los pueblos indígenas. También se señaló en el informe que muchos Estados han implementado medidas de confinamiento y flexibilizado sus salvaguardias ambientales y sociales como medio de recuperación económica. Como resultado, estos Estados facilitaron que algunas empresas y consorcios se apoderaran de las tierras y los recursos de los pueblos indígenas para la agroindustria, la minería o para realizar actividades ilegales, al tiempo que mandaban a personas indígenas a la cárcel debido a su resistencia.
De igual manera, Frontline Defenders informó, a finales de 2020, que el 69 % de las 330 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en 25 países trabajaban en el ámbito de los derechos territoriales, indígenas y medioambientales, mientras que el 26 % lo hacía en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, añadió que, a menudo, estas personas defensoras de los derechos indígenas y de la tierra fueron asesinadas a tiros por agentes estatales o por asesinos a sueldo de grandes empresas.Con los asesinatos y las detenciones ilegales de personas indígenas, los agentes estatales violan los derechos a la libertad y la seguridad, y su derecho a no ser detenidas arbitrariamente, que están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protección de estos derechos fundamentales forma parte de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y a la autodeterminación, tal y como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Ahora que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (9 de agosto), que lleva por lema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social” este año, es imperativo hacer que los Estados y las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo, y que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas. En la medida en que cada vez resulta más preocupante que muchos delitos se produzcan con impunidad, los Estados deben abordar los impactos de la discriminación y de la impunidad, especialmente en relación con los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y a la autodeterminación.
Por último, las y los indígenas, las personas defensoras y otros sectores deben reforzar la solidaridad y la cooperación para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los pueblos indígenas y a la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas en todo el mundo.