imagen de: https://kodao.org/teacher-rose-kabataang-guro-ng-mga-lumad/
ROSE HAYAHAY: DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
“Los pueblos indígenas quieren estudiar; quieren recibir educación. Pero no tienen escuelas en sus comunidades”
Rose Hayahay, nacida en Davao de Oro, es una profesora voluntaria de 23 años en la escuela Lumad Bakwit de Manila (Filipinas). Desde 2016 enseña a las alumnas y alumnos lumad a leer y escribir y a hacer cuentas.
La profesora Rose daba clases en el Colegio Técnico Comunitario del Sureste de Mindanao (CTCSM), un colegio comunitario de Davao de Oro que atiende a más de 300 estudiantes y agricultores y agricultoras lumad.
A pesar de las prometedoras contribuciones a la educación de los pueblos indígenas, las escuelas lumad fueron cerradas a la fuerza por el gobierno filipino. En marzo de 2020, el CTCSM dejó de funcionar después de que el Departamento de Educación de la Región 11 ordenara la no-renovación del permiso y su cierre en mayo de 2020.
Frente a las condiciones de represión, las profesoras y profesores voluntarios y estudiantes lumad se mantuvieron firmes. Se desplazaron a varias ciudades del país y crearon escuelas Lumad Bakwit para seguir luchando por su derecho a la educación.
La profesora Rose, por su parte, ha seguido enseñando a sus alumnas y alumnos a pesar del recrudecimiento de los ataques contra las y los lumad y sus escuelas. También ha soportado agresiones personales dirigidas a ella, tales como el secuestro de su madre en 2018 para obligarla a rendirse, y las constantes campañas de señalización y desprestigio contra ella en las redes sociales.
La profesora Rose dice que tiene la intención de luchar hasta que puedan regresar a sus tierras de forma segura y continuar con su educación de forma pacífica.
SARAH DEKDEKEN: SEGUIR LUCHANDO EN MEDIO DE LOS ATAQUES
“La tierra es vida. Las mujeres indígenas dejarán de existir si se destruyen sus tierras y territorios. Hemos sido capaces de proteger y cuidar nuestras tierras, territorios y recursos durante muchas generaciones mediante la autodeterminación, decidiendo lo que es bueno para muchas y muchos sin sacrificar la tierra, la cultura y el futuro de nuestras hijas e hijos.”
Sarah pertenece al pueblo indígena kankanaey-igorot de la región de Cordillera, en el norte de Filipinas. Comenzó su andadura en el movimiento de los pueblos indígenas como activista juvenil en 1998, participando en la lucha por los derechos y el bienestar de los estudiantes, así como por los derechos humanos y las cuestiones económicas que afectan a las comunidades indígenas de Cordillera.
En calidad de estudiante activista, Sarah visitó las zonas mineras de Lepanto Consolidated Mining Company y Benguet Corporation, en la provincia de Benguet, y habló con las comunidades locales. Fue entonces cuando pudo comprobar los terribles efectos de la minería a gran escala en el medioambiente, la salud, los medios de vida económicos y la cultura de las comunidades indígenas; y ver cómo se violaban los derechos humanos de los pueblos indígenas. En 2005, Sarah también fue testigo de cómo miembros del ejército filipino disparaban contra un grupo de personas que protestaban por las injustas prácticas laborales de los trabajadores de la Lepanto Consolidated Mining Company.
"Sentí que tenía que hacer algo para contribuir a la lucha de las comunidades indígenas contra la agresión del desarrollo, las políticas represivas del gobierno y las violaciones de los derechos humanos. Por ello, decidí unirme a organizaciones mientras estudiaba hasta que decidí trabajar a tiempo completo en la Alianza Popular de Cordillera (CPA)", comparte Sarah.
Sarah es actualmente la secretaria general de la Alianza Popular de Cordillera (CPA), una alianza de 307 pueblos indígenas y organizaciones sectoriales. Forma parte de la CPA desde hace más de 16 años, luchando contra la minería corporativa, las megarepresas y otros proyectos destructivos en Cordillera.
Para Sarah, mantenerse firme y comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por muy difícil y peligrosa que sea la situación, es un compromiso duro, dadas las enormes necesidades de las comunidades indígenas. Pero lo que lo hace más difícil, explica Sarah, son los ataques cada vez más graves perpetrados por el Estado a través del etiquetado rojo generalizado y la difamación política dirigida a las organizaciones de los pueblos indígenas como la CPA.
" El etiquetado en rojo es peligroso porque incita a la violencia. Según la experiencia de la CPA, el etiquetado rojo ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y falsas acusaciones. Seguir defendiendo a los pueblos indígenas en medio de la intensificación de los ataques del Estado es un reto en sí mismo", afirma Sarah.
En el marco de la pandemia de la COVID-19 en 2020, numerosas cuentas falsas y fraudulentas de Facebook, cuentas individuales y páginas del Ejército y la Policía Nacional de Filipinas difundieron desinformación y publicaciones malintencionadas acusando a Sarah y a otras personas integrantes de la CPA de ser comunistas, terroristas y partidarias del Nuevo Ejército del Pueblo. Incluso se difamó a Sarah en las redes sociales por mantener una relación romántica con su colega y presidente de la CPA, Windel Bolinget.
Actualmente, Sarah se enfrenta a una falsa acusación de difamación cibernética presentado por el jefe de la Policía de Cordillera, por hablar en contra de la profanación por parte de la policía de un monumento a las y los héroes de Cordillera.
Sarah cree que las crecientes amenazas contra los pueblos indígenas y las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas hacen que sea imperativo luchar. "La injusticia debe terminar, y la gente necesita que la lucha sea liderada por las personas defensoras de los derechos humanos, activistas del medioambiente y los pueblos indígenas", señala.
imagen de: https://twitter.com/nordisonline/status/1360040953549967362
BEATRICE BELEN: LUCHANDO CON UN VALOR INQUEBRANTABLE
Betty es una mujer indígena lideresa del pueblo uma en Lubuagan, Kalinga, en la región de Cordillera. Forma parte de Innabuyog - Alianza de Organizaciones de Mujeres Indígenas de Cordillera, y es una firme defensora del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, así como una trabajadora de la salud comunitaria al servicio incansable de su comunidad. Ha dedicado su vida a proteger las tierras ancestrales y a defender los derechos de los pueblos indígenas.
En 2012, Belen fue una de las personas que lideró una barricada contra el proyecto geotérmico de la empresa Chevron Energy, en la provincia de Kalinga. En 2018, fue galardonada con el Gawad Bayani ng Kalikasan (Premio a las y los Héroes Ambientales) por su inquebrantable dedicación a la defensa de sus tierras ancestrales.
Ha sido objeto de acoso e intimidación por parte de agentes estatales desde 2015, ya que se la acusa de dar refugio y acoger a miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo armado declarado insurgente por el gobierno filipino.
En octubre de 2020, Belen fue detenida y encarcelada por cargos falsos. Su detención afectó gravemente a su familia y a su comunidad, ya que ayuda a su familia en las tareas agrícolas y en la fabricación de escobas, y a sus dos nietos en su aprendizaje a distancia.
En febrero de 2021, Belen fue puesta en libertad al desestimar el tribunal la posesión ilegal de explosivos que le imputaba la Policía Nacional de Filipinas.