En el desempeño de mi mandato como Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde 2014, he recibido muchos informes y escuchado testimonios de personas, comunidades y organizaciones indígenas sobre cómo se las vilipendia y acusa falsamente de delitos que no han cometido. Posteriormente, algunas de estas personas son asesinadas, encarceladas u obligadas a salir de sus países en busca de protección.

Como resultado de estos acontecimientos, realicé un estudio temático sobre los ataques y la criminalización contra las personas defensoras de los derechos indígenas (A/HRC/39/17) que presenté ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018. Ese informe destacaba las leyes internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, a la vida y a la libertad de asociación. También describía los procesos por los que se criminaliza a los pueblos indígenas y las recomendaciones a los Estados sobre cómo abordar esta cuestión.

Antes y después de elaborar el informe, mantuve varias reuniones con líderes y lideresas y activistas indígenas sobre la cuestión de la criminalización y la impunidad. Una recomendación clave que surgió como resultado de estas reuniones fue la necesidad de emprender una iniciativa global para abordar y prevenir la criminalización y la impunidad contra los pueblos indígenas. Esto no se hará como parte de mi mandato como Relatora Especial, ya que lo termino el 30 de mayo de 2020. Se trata de una iniciativa independiente que dirigimos Joan Carling, antigua miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y galardonada con el Premio Campeones de la Tierra del PNUMA como Defensora del Medioambiente en 2018, y yo. Ésta es una de las formas con la que mantendremos nuestro compromiso continuo de lucha y protección de los derechos de los pueblos indígenas. La Iniciativa tiene como objetivo prevenir, responder, reducir y evitar los actos de criminalización e impunidad contra los pueblos indígenas, y proporcionar una mejor protección y acceso a la justicia para las víctimas reales y potenciales, no sólo a título individual, sino como colectivos o comunidades. Será llevada a cabo por una nueva institución llamada Indigenous Peoples Rights International / Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI).

Como parte de esta iniciativa, recopilamos datos preliminares sobre el alcance de la criminalización y la impunidad contra los pueblos indígenas en el período comprendido entre 2017 y 2019. Esto ha servido para corroborar lo que describí en mi informe como una "crisis global" de ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales, que en su mayoría son miembros de comunidades indígenas. Los últimos tres años muestran una alarmante tendencia a la persistencia de la criminalización y la impunidad contra los pueblos indígenas. Estos datos disponibles son sólo la punta del iceberg de la verdadera magnitud de la crisis. La iniciativa tendrá como objetivo reunir más datos al respecto, y se elaborarán documentos informativos para reflejar todo lo recopilado. Esto se hará conjuntamente con los pueblos indígenas a nivel de país, que se movilizarán para generar y hacer más visibles las situaciones en sus países.

Según las noticias online y los informes de las organizaciones indígenas nacionales y sus aliados de la comunidad internacional, en 2019, 190 pueblos indígenas de 17 países fueron atacados debido a sus esfuerzos por defender sus tierras y territorios. El 66% de estos casos fueron asesinatos. Se ha documentado que uno (1) de cada 18 de estos asesinatos fue precedido por amenazas e intimidaciones, que incluyen disparos indiscriminados y registros ilegales de viviendas y oficinas. En comparación con los datos de 2018, con sólo 11 países cubiertos, el 95% de los incidentes fueron detenciones arbitrarias, que incluían incidentes de encarcelamiento sin el debido proceso. Colombia tuvo el número más alto, con 9422 personas detenidas, eso es alrededor del 1% de la población total de sus pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Colombia representan el 3,4% de la población nacional.

Joan Carling y yo no nos hemos librado de estas acciones de criminalización por parte del gobierno de Filipinas. En 2018 fuimos incluidas en una lista de más de 600 presuntas y presuntos "terroristas" elaborada por el Departamento de Justicia del gobierno de Filipinas. Sobre la base de una moción judicial que presentamos para que se aclarara nuestra situación en esta lista, el gobierno decidió deshacerse de ella. Sin embargo, a principios de este año, 2019, el gobierno puso en marcha lo que denomina un Enfoque de Toda la Nación para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local (ELCAC, por sus siglas en inglés), donde me incluyeron de nuevo en sus presentaciones de PowerPoint, acusándome de ser una infiltrada comunista de las Naciones Unidas. Todo esto se hace a pesar de que tengo inmunidad ante tales ataques y acusaciones por ser la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Niego totalmente estas acusaciones y pido al gobierno que cese en estas acciones. En mi informe sobre la criminalización pedí tolerancia cero para los actos de criminalización e impunidad contra los pueblos indígenas por parte de los Estados y también de las corporaciones empresariales que se confabulan con los Estados en tales actos. Responsabilizaré al gobierno de las acciones emprendidas que violen mis derechos humanos básicos.

Haremos un lanzamiento informal de esta iniciativa para celebrar el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el lanzamiento a gran escala se hará en abril de 2020, coincidiendo con la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. El sitio web de esta iniciativa es www.indigenousrightsinternational.org.

Trabajaremos con líderes y lideresas indígenas y personas defensoras de los derechos humanos de las distintas regiones del mundo, así como con otras organizaciones de derechos humanos, como Global Witness, Amnistía Internacional, Frontline Defenders, International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA), entre otras. También trabajaremos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las y los relatores especiales y las instituciones nacionales de derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas