45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
ONU Ginebra, 23 de septiembre de 2020
Panel sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas
Presentado por Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Excelencia, Juraj Podhorský, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Excelencias, miembros del Consejo de Derechos Humanos, representantes de los pueblos indígenas. ONG, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), señoras y señores.

Gracias por invitarme a hablar en este 45º período de sesiones del CDH en el panel sobre "La protección de las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas".

45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
ONU Ginebra, 23 de septiembre de 2020
Panel sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas
Presentado por Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Excelencia, Juraj Podhorský, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Excelencias, miembros del Consejo de Derechos Humanos, representantes de los pueblos indígenas. ONG, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), señoras y señores.

Gracias por invitarme a hablar en este 45º período de sesiones del CDH en el panel sobre "La protección de las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas".

Voy a hablar sobre la propensión a las amenazas y la violencia contra los pueblos indígenas, los motivos que hay detrás de este fenómeno, cómo abordar las causas profundas y las formas de prevenir estos actos. Mi evaluación se basará principalmente en el informe temático que realicé sobre los "ataques contra los pueblos indígenas y su criminalización" que presenté ante el CDH en 2018 en su 39º período de sesiones. También me referiré al informe de Global Witness publicado en julio de 2020 titulado "The Climate Crisis and Threats Against Land and Environment Defenders” (La crisis climática y las amenazas contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente), y al informe de mitad de período de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organización indígena de reciente formación.

Cuando elaboré mi informe sobre la criminalización, ya expresé mi gran preocupación por el creciente número de personas defensoras de los derechos de los indígenas que son asesinadas, extrajudicialmente, y que sufren la criminalización y los ataques. Analicé las causas profundas de todo esto y formulé recomendaciones que reiteraré en esta presentación. El informe de Global Witness que analizó la situación de las personas defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 presenta un empeoramiento de la situación. Señala que en 2019 hubo 212 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. De esta cifra, un 40% proviene de comunidades indígenas. Esta cifra es muy desproporcionada si se tiene en cuenta que los pueblos indígenas sólo constituyen el 5% de toda la población mundial. Más de la mitad de las personas asesinadas son de Colombia y Filipinas. 64 son de Colombia y 43, de Filipinas. Dos tercios de estos asesinatos tuvieron lugar en América Latina. El informe también identificó que el sector minero está relacionado con 50 asesinatos y el sector agroindustrial, con 34.

Indigenous Peoples Rights International publicó un informe de mitad de año en agosto de 2020 que mostraba que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 ya hubo 101 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas que fueron asesinadas, y éstas eran de sólo 23 países. Colombia tiene la cifra más alta, que es de 60. También ha informado sobre el hecho de que 307 personas defensoras de los derechos indígenas han sido amenazadas, criminalizadas y detenidas. Hay 24 comunidades y organizaciones indígenas que han sufrido desplazamientos, ataques contra acciones masivas, ilegalización y amenazas. También se han denunciado casos de violencia de género, como violaciones.

Estas tendencias son muy preocupantes y requieren una mayor atención por parte de los gobiernos, la ONU y también el sector privado, así como otros organismos regionales multilaterales de derechos humanos.

La razón principal de esta situación es la intensificación de la lucha por los recursos naturales y su extracción, liderada por empresas privadas, a veces con la complicidad de los gobiernos. Mi informe de 2018 identificó además que la causa subyacente de la intensificación de los ataques es la falta de respeto por el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas y la incapacidad de proporcionar a los pueblos indígenas una tenencia segura de la tierra. La escalada de los ataques contra los pueblos indígenas se produce en el contexto de unas estructuras de poder sesgadas en las que las empresas privadas ejercen una importante influencia sobre los Estados, que garantizan que las normativas, las políticas y los acuerdos de inversión se ajusten para promover la rentabilidad de sus negocios.

En lo que respecta a abordar las causas profundas y las formas de prevenir estos actos y promover el empoderamiento, la seguridad y la protección de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, reiteraré las recomendaciones que hice en mi informe de 2018. Mi recomendación a los Estados es la siguiente;

1. Todas las agresiones violentas deben ser investigadas sin demora y de forma imparcial, y deberán tomarse medidas para ofrecer una reparación y un resarcimiento efectivos.
2. Debe adoptarse un enfoque de tolerancia cero ante los asesinatos y la violencia contra las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas al más alto nivel del gobierno. Los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo de gran escala y a quienes defienden sus derechos.
3. Los Estados deben garantizar que la legislación cree obligaciones de debida diligencia para las empresas registradas en sus jurisdicciones y sus filiales cuando haya riesgo de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
4. Abordar la criminalización requiere una revisión exhaustiva de las leyes nacionales, la adopción de leyes que garanticen el debido proceso y la revocación de las leyes y procedimientos penales que violen el principio de legalidad y contradigan las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. La legislación que criminaliza los medios de vida indígenas, como la agricultura rotativa o la caza y la recolección, debe ser revocada.
5. Legislación y políticas que apoyen expresamente la protección de las personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. Las medidas de protección deben garantizar que se aborden en la práctica los aspectos de protección tanto individuales como colectivos. Las iniciativas de protección lideradas por indígenas deben ser la base del diseño de todas las medidas que adopten las autoridades a favor de las comunidades indígenas en riesgo.
6. Para abordar las causas fundamentales de la criminalización y los ataques, es necesario reconocer el derecho colectivo a la tierra. Esto requiere, entre otras cosas, procedimientos accesibles, rápidos y eficaces para adjudicar los títulos de propiedad de la tierra; la revisión de las leyes sobre expropiación; mecanismos adecuados para resolver las disputas sobre la tierra; una protección eficaz contra las usurpaciones a través de sistemas de alerta temprana y sistemas de supervisión in situ; y la prohibición de los desalojos forzosos.
7. Las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las y los fiscales deben recibir formación sobre las normas de derechos humanos y abstenerse de criminalizar a los pueblos indígenas que están defendiendo su derecho a las tierras, los territorios y los recursos.
8. Para aplicar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, estos procesos deben basarse en la buena fe. Es indispensable que los pueblos indígenas tengan una verdadera participación y acceso a la información de una manera culturalmente apropiada, en un idioma que entiendan. Esto requiere su participación en todas las fases, desde el diseño y la planificación del proyecto, hasta la ejecución y el seguimiento.
9. Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deben supervisar de cerca las quejas contra los proyectos de desarrollo de gran escala a través de un diálogo regular y visitas a las comunidades indígenas afectadas en riesgo de ser atacadas.

Para el sector privado;

1. Garantizar la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas las operaciones y adoptar compromisos políticos claros en ese sentido.
2. Realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en todos los proyectos con la plena participación de las comunidades potencialmente afectadas.
3. Evitar cualquier acto de difamación que estigmatice a los pueblos indígenas.

Para las instituciones financieras internacionales y donantes, así como para los organismos estatales que prestan asistencia internacional;

1. Deben aplicar salvaguardias ambientales y sociales que sean coherentes con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo;
   1. exigir evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en todos los proyectos;
   2. incluir una protección específica para los pueblos indígenas;
   3. exigir la participación efectiva de los pueblos indígenas afectados;

La comunidad internacional, incluidos los actores de la sociedad civil, debe seguir vigilando si se llevan a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y si se presta atención específica a las necesidades de participación y protección de los pueblos indígenas. Deben establecerse y apoyarse mecanismos de rendición de cuentas. Se insta a las organizaciones de la sociedad civil a que sigan prestando apoyo, como asesoramiento jurídico y apoyo sanitario. La constitución de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) se inscribe en el marco de las iniciativas mundiales lideradas por los pueblos indígenas para hacer frente a los problemas de criminalización y violencia contra ellos, y a la cultura de la impunidad que persiste en muchos países.

Agradezco de nuevo al Consejo de Derechos Humanos por haberme invitado a hacer esta presentación y espero que se resuelvan estas cuestiones de las que hemos hablado hoy.

Dirección de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sitios web: www.tebtebba.org, www.indigenousrightsinternational.org