Este es un informe producido por la organización Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI), en alianza con la Articulaçao dos Povos Indígenas no Brasil (APIB), en el ámbito del proyecto Support for a global initiative to address and prevent criminalization and impunity against indigenous peoples.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) es una instancia de unión y referencia nacional del movimiento indígena de Brasil, creada en 2005 durante la movilización anual en Brasilia conocida como Campamento Tierra Libre (Acampamento Terra Livre, ATL). Su misión es la promoción y defensa de los derechos indígenas por medio de la articulación y unión entre los pueblos y organizaciones indígenas de distintas regiones del país.
Aglutinando organizaciones indígenas locales y regionales, APIB trabaja en el fortalecimiento de la unión de nuestros pueblos, en la articulación de diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, en la unificación de las luchas de los pueblos indígenas (agenda de reivindicaciones, demandas y política del movimiento indígena) y en la movilización de los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a sus derechos.
El movimiento indígena articulado por la APIB reivindica ante el Estado Brasileño, sobre todo, la atención a demandas fundamentales para la democracia, como el cumplimiento con los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como la implementación de los derechos reconocidos en Brasil. Como ejemplo, destacamos el derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada, a la titularidad legal y la protección de las tierras indígenas, a la implementación efectiva de políticas públicas diferenciadas (salud, educación, gestión territorial y sostenibilidad), además de mecanismos eficaces para la participación y control social de los pueblos indígena.
En su estructura, APIB cuenta como instancia superior el Campamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena nacional que reúne anualmente en Brasilia, capital de Brasil, a miles de líderes indígenas de todas las regiones del país bajo la coordinación de los dirigentes de las organizaciones indígenas regionales. El Campamento permite el intercambio de realidades y experiencias distintas, la identificación de los problemas comunes, la definición de las principales demandas y reivindicaciones y la deliberación sobre los ejes programáticos y acciones prioritarias de APIB.
Actualmente, APIB tiene representación en todos los estados brasileños a través de las organizaciones regionales que la componen, entre ellas la Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), el Conselho do Povo Terena, la Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE), la Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPINSUL), la Grande Assembléia do Povos Guarani Kaiowá (ATY GUASU), la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) y la Comissão Guarani Yvyrupa (CGY).
APIB e IPRI, se han unido en alianza para la producción que un material que contribuya a la documentación y monitoreo de la criminalización de los indígenas en Brasil, para incentivar acciones que puedan impedir nuevas criminalizaciones y protejan a los líderes indígenas que se encuentran en esa situación.
En esta última década, de hecho, diversos estudios e informes producidos por diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, vienen alertando sobre la escalada de violencia contra los pueblos indígenas de Brasil. Al denunciar esta violencia y las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se revelan constantementelas marcas dejadas en la sociedad brasileña por la colonización y por la esclavitud que atravesaron los siglos y que, todavía hoy, siguen presentes, incluso en las estructuras del Estado.
Conseguir datos sobre la actual situación de violencia contra los pueblos indígenas es tarea compleja que encuentra numerosos obstáculos. Desde hace algunas décadas, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones indígenas en Brasil, como el Conselho Indigenista Missionario (CIMI), la Comissao Pastoral da Terra (CPT) y el Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (CBDDDH), entre otras, informan periódicamente sobre el progresivo aumento de crímenes contra indígenas (como homicidios, amenazas, invasiones y daños al patrimonio, por ejemplo), además de muertes ocurridas tanto por la ausencia de políticas públicas efectivas como por ataques de grupos paramilitares e incluso instituciones estatales. La sistematización de esos datos varía y se hace un esfuerzo para superar la infra notificación, el retraso en la divulgación de los datos públicos y la propia invisibilidad de los pueblos indígenas en las estadísticas, entre otras dificultades comúnmente descritas que buscan camuflar e invisibilizar una realidad trágica.
De la lectura de estos datos, se desprende que los conflictos sobre la tierra, los homicidios, las prácticas de tortura, las invasiones de casas y territorios, los robos de documentos, el acoso moral y colectivo, las ofensivas de milicias armadas y los ataques en medios sociales contra los indígenas son cada vez más violentos. En sus múltiples dimensiones y como medio de silenciamiento colectivo de la protesta ante esas injusticias, el racismo acompaña a otros fenómenos como el significativo aumento de indígenas encarcelados en el sistema penal brasileño, el desmantelamiento de las instituciones y de la política pública indigenista, la paralización de los procedimientos de reconocimiento legal de las tierras indígenas, la persecución política y el acoso al ejercicio de la participación social. Como ejemplo de lo mencionado, entre los años 2005 y 2019 la población indígena en prisión aumentó en un 500%, según datos del Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (DEPEN/MJSP) del Gobierno de Brasil (INFOPEN, 2005 – 2019).
Hasta el momento, los estudios vienen contribuyendo de forma significativa para cuantificar y cualificar los tipos de violaciones de derechos humanos que los pueblos indígenas experimentan habitualmente en muchas regiones del país, sean individuales o colectivas. La creciente visibilidad más allá de las fronteras brasileñas de las causas y situaciones que caracterizan esa violencia y, sobre todo, las denuncias hechas públicas por los representantes indígenas, posibilitan contar con más datos, información y estudios sobre estos problemas. En un país de dimensiones continentales como Brasil es importante conocer no solamente las diferencias y las similitudes en la vivencia de estas situaciones sino, también, identificar la potencialidad de determinadas acciones para influir en cada contexto.
Más allá de las cifras, es fundamental que se narren también las actividades en defensa de los derechos, muchas de las cuales derivan en nuevas violaciones. Por eso, es necesario conocer a las víctimas, cómo afectan las consecuencias de las violaciones a los supervivientes de estas (se incluye también a los familiares y comunidades), además de sus necesidades y sus propuestas para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Si bien es cierto que las acciones para hacer frente a esta realidad dependen de la participación de numerosos actores, también lo es que solo serán efectivas si se construyen por y con los pueblos indígenas.
El propósito de este Informe es evidenciar un patrón de criminalización y acoso en el contexto brasileño que actúa para silenciar a los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos colectivos. Al final, se presentan acciones efectivas y recomendaciones de estrategias para la protección de la vida de los líderes indígenas, sus familiares y, en algunos casos, de sus comunidades. En este sentido, tratar la situación de la criminalización y el acoso de líderes indígenas presupone recopilar las causas y la intensidadde las violencias y violaciones identificadas y, principalmente, identificar un marco de respuestas y posibilidades de actuación conjunta con aquellos que sufren (siempre, en este caso, considerando la dimensión colectiva). Además, los objetivos específicos de este informe son los de demostrar cómo se ha impedido el ejercicio de la participación social de los pueblos indígenas en la construcción de su libre determinación y autonomía, cómo se reproducen en el contexto brasileño las violaciones de derechos individuales en la lucha por la defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza (comprendida aquí en las nociones de derechos a la tierra, territorios y recursos naturales), cómo las comunidades indígenas intentan garantizar su seguridad y cómo implementan acciones estratégicas para la superación de esa realidad.
No era objetivo de este informe incluir todos los casos de líderes indígenas criminalizados o en situación de acoso en Brasil, en tanto que este es uno de los países que más persigue a los defensores de derechos ambientales, entre los cuales se incluyen los pueblos indígenas. En lugar de producir datos estadísticos, lo que se buscó fue profundizar en la divulgación de casos específicos, complejos y preocupantes de criminalización y acoso de líderes indígenas a los que puede hacerse un seguimiento.
Además, es importante destacar que el informe considera la noción de criminalización de forma amplia. A partir de la perspectiva manifestada por los indígenas entrevistados, se buscó conferirle un sentido más amplio, no meramente técnico penal, para incorporar el acoso, la privación de derechos y la negación de la identidad entre otras formas de persecución aquí incluidas con el fin de demostrar la extensión de sus efectos.
Para cumplir los objetivos propuestos, el informe se ha estructurado en dos partes. La primera parte presenta la metodología aplicada a la investigación y describe lo que es ser líder indígena en el contexto brasileño actual. A continuación, se presentan estudios de caso de criminalización y acoso de líderes indígenas, algunos patrones de criminalización y acoso que encontramos en los casos relatados y, finalmente, propuestas de acciones que podrían influir positivamente para confrontar la situación en el país en los próximos años. En esa última parte se relatan buenas prácticas existentes, y recomendaciones para la protección individual y colectiva y la sensibilización institucional.