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As part of its work to confront criminalization of, and human rights violations against Indigenous Peoples, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) decided to contribute to the ongoing calls for a human rights-based approach to conservation. As a start, we conducted a research study on the issue and commissioned global and country reports covering Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania, Nepal, and Thailand. Each report is published independently and can be read as stand-alone publications.
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Las leyes sobre medioambiente y recursos naturales de Tailandia restringen y criminalizan las prácticas consuetudinarias de gestión de recursos de los pueblos indígenas, a los que se denomina tribus de las colinas. La aplicación de estas leyes está contribuyendo en gran medida a debilitar la transferencia intergeneracional de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y a socavar el ejercicio de sus derechos colectivos.
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Los pueblos indígenas y otras tribus de Tanzania consideran la mitad de las áreas protegidas de vida silvestre existentes, que actualmente representan el 40% de la superficie total del país, como sus tierras ancestrales. A día de hoy, existen 657 áreas protegidas de vida silvestre en Tanzania. Los pueblos que tradicionalmente ocupaban estas zonas han sufrido incesantemente desalojos y desplazamientos violentos, criminalización y otras violaciones de los derechos humanos.
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La República Democrática del Congo (RDC) cubre el 60% de los 3,6 millones de km2 de la selva de la cuenca del Congo, que abarca seis países de la región africana. Los pueblos indígenas pigmeos viven en los bosques y de ellos, y han mantenido durante milenios vínculos culturales, sociales y económicos intensos y profundos con la naturaleza. Algunas áreas de estos bosques están ahora protegidas por la RDC en nombre de la conservación de la fauna y la biodiversidad.
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Las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven dentro y en los alrededores de las áreas protegidas y de conservación son un problema persistente en Kenia. Las leyes coloniales sobre conservación se modificaron progresivamente con la Constitución de Kenia de 2010, lo que dio lugar a leyes elaboradas con cláusulas específicas que reconocen el papel de las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas, que residen en los bosques conservados y las áreas protegidas. Sin embargo, estas leyes son ampliamente ignoradas por las autoridades, que siguen considerando y tratando a los pueblos indígenas como colonos ilegales o invasores.
