Informe anual sobre la criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas

Entre 2016 y 2018, las relatorías especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos,1 sobre los derechos humanos y el medioambiente,2 y sobre los derechos de los pueblos indígenas3 dieron la voz de alarma sobre el desarrollo de una "crisis mundial" de ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales que afecta a los pueblos indígenas de manera desproporcionada. Con la esperanza de contar con una plataforma global para que los pueblos y movimientos indígenas aborden colectivamente esta crisis global, se creó la Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas (‘Iniciativa Global’). Indigenous Peoples Rights International (IPRI) se estableció para supervisar la Iniciativa Global. IPRI es una organización global de pueblos indígenas sin ánimo de lucro que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y para unir y amplificar la exigencia de justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad. Las y los miembros de la Junta Global de IPRI son activistas y líderes indígenas de todo el mundo.

Un componente central de la Iniciativa Global es el seguimiento y la denuncia de incidentes de criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas. Parte de este componente es la creación de una base de datos para documentar estos incidentes y la publicación de un informe anual que refleje los datos recogidos. Sin embargo, dado que la base de datos está actualmente en fase de desarrollo, este informe anual se centra más en las diferentes dimensiones de la criminalización y la impunidad, basándose en los contextos de los países y en las historias de los seis países en los que se focaliza el trabajo de IPRI: República Democrática del Congo (RDC), Brasil, Colombia, México, India y Filipinas.

Los contextos de los países y los relatos de casos se elaboraron en colaboración con los socios de IPRI, a saber, el Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée au Kivu (PIDP-Kivu) en el caso de la RDC; la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), en el de Brasil; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", en el de México y la Red Panaghiusa, en el de Filipinas. El texto sobre la India fuedesarrollado por un investigador indígena, y para Colombia, una consultora y un consultor guiados por la miembro de la Junta Directiva de IPRI, Leonor Zalabata, ayudaron a ultimar la informacion sobre el contexto del país y los relatos de casos.

Los relatos de casos son ilustraciones específicas de la situación general brevemente discutida en el contexto de los países. Proporcionan una radiografía de la situación de los pueblos indígenas y de las consecuencias sufridas por la defensa de los derechos colectivos a sus tierras, territorios y recursos, la autodeterminación y el autogobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19 que comenzó a principios de 2020.

Sobre la base de los contextos de los países y los relatos de casos, este informe anual presenta patrones de las amenazas y el acoso que a menudo conducen a la criminalización y/o los asesinatos. Explora la incidencia de la criminalización más allá de la definición común de abuso de la ley.

La criminalización se define como el uso indebido de las leyes penales que conlleva la manipulación del poder punitivo del Estado y de actores no estatales para controlar, castigar y/o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.4 Ocurre, por ejemplo, cuando las personas defensoras son acusadas injustamente de cometer delitos como consecuencia de sus actividades y se las priva de libertad en momentos cruciales para la defensa de sus causas, además de procesarlas sin las garantías del debido proceso.5 Teniendo en cuenta los contextos de los países y los relatos de casos examinados en este informe, la criminalización también puede producirse cuando los actores estatales y no estatales utilizan y abusan de su posición de poder, incluso sin utilizar ninguna ley o política, para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a defender sus derechos individuales y colectivos.

El informe también muestra la relación entre la discriminación estructural y la impunidad de la que gozan quienes atacan a los pueblos indígenas y su labor de defensa de sus derechos individuales y colectivos a sus territorios, a la libre determinación y al autogobierno, al tiempo que hacen frente a los embates de la crisis sanitaria.

Además de los contextos de países y los relatos de casos, el informe anual también extrae sus conclusiones de informes y artículos de prensa sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el año 2020, incluyendo el abuso de las leyes y las políticas impuestas para hacer frente a los impactos de la pandemia.