La Ley de Seguridad Humana de 2007, también conocida como Ley para la Seguridad del Estado y la Protección de nuestro Pueblo frente al Terrorismo, se promulgó supuestamente para proteger la vida, la libertad y la propiedad de la población filipina frente a los actos de terrorismo, con la excusa de que, en su aplicación, el Estado defenderá los derechos básicos y las libertades fundamentales del pueblo consagrados en la Constitución.

Sin embargo, parece que, en lugar de proteger a la población filipina de los actos de terrorismo, se ha utilizado para criminalizar la disidencia y para justificar la perpetración de violaciones de los derechos humanos contra toda la ciudadanía filipina, en general, y contra los pueblos indígenas, en particular.