El Fondo está abierto a Defensores Indígenas de Derechos Humanos, miembros de organizaciones, instituciones y comunidades indígenas, que experimenten serias amenazas a sus derechos individuales y/o colectivos. Estas amenazas son las relacionadas particularmente con actos de criminalización, que incluyen la detención ilegal y la presentación de cargos penales falsos, posible asesinato, imputación de hechos delictivos contra personas, entre otros, que tienen como finalidad impedirles hacer valer sus derechos humanos. Este Fondo brinda asistencia financiera para su protección y seguridad, como la provisión de recursos para asistencia legal a quienes enfrentan cargos falsos, a quienes están detenidos mientras se llevan a cabo las audiencias, así como a quienes ya han sido condenados y detenidos por cargos falsos.

El Fondo también ayudará a los Pueblos Indígenas que son desalojados / desplazados de sus territorios o que están amenazados con ser desalojados. El desalojo o desplazamiento, o la amenaza de ello, está respaldado por una ley o política que contraviene los derechos de los Pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, o es implementado por agentes del Estado. Los Pueblos Indígenas involucrados tienen una necesidad inmediata de apoyo legal o financiero para su seguridad y bienestar.              

El Fondo también asistirá a las Mujeres Indígenas Defensoras de Derechos Humanos que son especialmente perseguidas por su género o que han sido víctimas de violencia de género por parte de miembros de fuerzas militares o estatales, incluidas las fuerzas de seguridad en parques nacionales o áreas protegidas, paramilitares, guardias de empresas privadas tales como empresas mineras, etc.