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Este es un informe producido por la organización Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI), en alianza con la Articulaçao dos Povos Indígenas no Brasil (APIB), en el ámbito del proyecto Support for a global initiative to address and prevent criminalization and impunity against indigenous peoples.
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Este é um Relatório produzido pela organização Indigenous Peoples Rights International (IPRI) em parceria com a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil (APIB), no âmbito do projeto de “Apoio a uma iniciativa global para abordar e prevenir a criminalização e a impunidade contra os povos indígenas” (Support for a global initiative to address and prevent criminalization and impunity against indigenous peoples).
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La Ley de Seguridad Humana de 2007, también conocida como Ley para la Seguridad del Estado y la Protección de nuestro Pueblo frente al Terrorismo, se promulgó supuestamente para proteger la vida, la libertad y la propiedad de la población filipina frente a los actos de terrorismo, con la excusa de que, en su aplicación, el Estado defenderá los derechos básicos y las libertades fundamentales del pueblo consagrados en la Constitución.
Sin embargo, parece que, en lugar de proteger a la población filipina de los actos de terrorismo, se ha utilizado para criminalizar la disidencia y para justificar la perpetración de violaciones de los derechos humanos contra toda la ciudadanía filipina, en general, y contra los pueblos indígenas, en particular.
